El Gobierno del Perú se encuentra en las etapas finales para la implementación de un decreto supremo que declare en estado de emergencia el mercado de comercialización de combustible a nivel nacional. Esta medida surge como una respuesta directa a la volatilidad de los precios y a los riesgos de desabastecimiento que han afectado al sector en los últimos meses, buscando establecer un marco de protección para el consumidor final y asegurar la operatividad energética del país.
El viceministro de Hidrocarburos, Marco Agama Rodriguez, explicó que, si bien en el Perú las actividades y los precios relacionados con el petróleo, el crudo y sus productos derivados se rigen estrictamente por las leyes de la oferta y la demanda, el escenario actual ha sido impactado por factores externos fuera del control gubernamental. Según el funcionario, el detonante principal fue un evento exógeno ocurrido el 26 de febrero, coincidiendo con el inicio de la guerra en el Medio Oriente y los conflictos suscitados en el estrecho de Ormuz.
Estos incidentes internacionales provocaron un incremento en los precios globales que resultó incontrolable para el mercado local. El viceministro Agama Rodriguez subrayó que el encarecimiento del combustible no se limitó únicamente al precio del barril de crudo. Un factor determinante fue el aumento drástico en las primas de seguros de los buques tanque debido al mayor riesgo en las rutas de navegación, las cuales llegaron a experimentar incrementos de hasta el 1,000%, elevando así los costos logísticos de importación.
La vulnerabilidad del Perú ante estos eventos radica en su condición de importador neto de crudo. Las estadísticas revelan una brecha significativa entre la demanda y la producción nacional: mientras que el país consume, en promedio, el equivalente a 240 mil barriles de crudo por día, la producción interna se sitúa apenas entre los 30 mil y 40 mil barriles diarios. Esta fuerte dependencia de los mercados internacionales provoca que cualquier variación en las cotizaciones globales transforme radicalmente el panorama económico interno.
El impacto de esta crisis se ha reflejado claramente en los precios al consumidor. El viceministro detalló que, tomando como ejemplo el mes de febrero, el galón de diésel se comercializaba a S/ 8.32, cifra que para el mes de mayo ascendió a S/ 14.18, lo que representa un incremento del 70%. Esta tendencia alcista también afectó a otros productos derivados: los gasoholes registraron una subida del 78% y el Gas Licuado de Petróleo (GLP), también importado, aumentó en un 43%.
A pesar de este panorama, el representante del Ministerio de Energía y Minas (Minem) mostró un optimismo moderado al señalar que, en los últimos días, la cotización internacional del combustible ha registrado una ligera tendencia a la baja, aunque con fluctuaciones constantes. El gobierno confía en que esta tendencia continúe para resolver los problemas internos, aunque reconoció que el país sigue sujeto a externalidades ya que no posee la facultad de fijar los precios internacionales.
Para mitigar estos efectos, el decreto supremo en preparación no solo declarará la emergencia, sino que establecerá una lista de bienes esenciales que incluye el diésel B5, las gasolinas, los gasoholes y el GLP, con el fin de garantizar que el abastecimiento energético no se vea interrumpido.
Un punto clave en la gestión de este decreto es el cambio en la entidad responsable de su promulgación. Inicialmente, la tarea recaía en el Ministerio de Energía y Minas; sin embargo, ahora la responsabilidad ha sido transferida a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Este cambio se debe a que el decreto vincula directamente las acciones de dos organismos adscritos a la PCM: el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
En este esquema, Osinergmin se encargará de proporcionar la información detallada sobre los precios en toda la cadena de comercialización, mientras que Indecopi asumirá la labor de investigar, fiscalizar y sancionar cualquier conducta presuntamente especulativa o actos de acaparamiento de productos. El objetivo final de esta articulación es brindar protección y defensa al consumidor frente a la manipulación de precios y asegurar que el combustible esté disponible en todo el territorio nacional.
El viceministro confirmó que toda la información necesaria ya ha sido remitida a la PCM, la cual se encuentra activa para promulgar el decreto supremo en los próximos días, incorporando las cláusulas que coordinan las acciones entre Osinergmin e Indecopi.
