La Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas de la 68 Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua ha dado un paso significativo en la agenda legislativa orientada a la protección y promoción de los derechos de los pueblos originarios. A través de la aprobación de diversos proyectos de dictamen, los integrantes de dicha comisión han establecido una hoja de ruta que busca fortalecer la atención en salud, la asignación presupuestal, la justicia penal y el reconocimiento identitario de las comunidades indígenas en la entidad. Estos proyectos serán presentados ante el Pleno en las próximas sesiones para su votación final.
En el ámbito de la salud, se ha impulsado una iniciativa que busca reformar y adicionar diversas disposiciones tanto de la Ley Estatal de Salud como de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado. El objetivo central de esta propuesta es la implementación de programas específicos dirigidos a las mujeres indígenas, enfocándose primordialmente en la prevención del cáncer de mama, reconociendo la necesidad de acciones focalizadas para este sector de la población.
En materia financiera, el Congreso analiza la adición del artículo 36 Bis a la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado. Esta medida pretende garantizar la progresividad del presupuesto de egresos en comparación con el año fiscal inmediato anterior. Esta garantía presupuestal estaría destinada específicamente a programas que protejan los derechos humanos de diversos grupos vulnerables, incluyendo a mujeres, niñas, niños y adolescentes que hayan sido víctimas del delito, así como a los pueblos y comunidades indígenas, personas migrantes y personas con discapacidad.
La agenda de justicia y seguridad también ocupa un lugar central en los dictámenes aprobados. Se propone reformar el artículo 126 Bis del Código Penal del Estado para establecer agravantes en el delito de feminicidio. Estas agravantes se aplicarían específicamente cuando el crimen sea cometido contra mujeres pertenecientes a pueblos y comunidades originarios y/o afromexicanos. Asimismo, la iniciativa contempla como agravante el uso de armas de fuego o armas punzocortantes durante la comisión del delito. En una línea similar de protección a grupos vulnerables, se busca reformar diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Chihuahua para incrementar la penalidad en casos de violencia sexual cometida contra personas pertenecientes a grupos vulnerables.
Para mejorar la operatividad administrativa a nivel local, se ha presentado un asunto para reformar el Código Municipal para el Estado. La propuesta consiste en elevar la Oficina de Asuntos Indígenas al rango de Dirección. Según el documento, este cambio jerárquico tiene la finalidad de lograr una mayor visibilidad y una incidencia más efectiva de los pueblos originarios en la construcción de las políticas públicas municipales.
En cuanto al acceso a la justicia y el derecho a la comunicación, se ha propuesto un decreto para reformar la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta reforma busca asegurar que se cuente con personal capacitado en lenguas indígenas, con el propósito explícito de eliminar la brecha lingüística y facilitar una comunicación efectiva y eficiente con las mujeres indígenas que requieran de estos servicios.
Finalmente, la Comisión ha avanzado en el reconocimiento formal de la identidad cultural del estado. Se ha presentado una iniciativa para adicionar un párrafo sexto al artículo 8 de la Constitución Política del Estado, reformar la fracción XXXIX del artículo 9 de la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural y adicionar un segundo párrafo al artículo 4 de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas. Todas estas modificaciones jurídicas tienen como objetivo primordial incluir formalmente al pueblo N’dee/N’nee/Ndé como un pueblo originario del Estado de Chihuahua.
