El diputado del Partido Libertario de Misiones (PLM), Martín Arjol, presentó un proyecto en la Legislatura provincial para convocar a un segundo plebiscito sobre la construcción de la represa de Corpus Christi. La iniciativa, registrada bajo el Expediente D-69993-26 y firmada junto al diputado Miguel Orlando Núñez del bloque Algo Nuevo, busca que el Poder Ejecutivo arbitre los medios necesarios para consultar a la ciudadanía sobre la obra en el emplazamiento Pindo-í.
Esta propuesta surge casi tres décadas después del primer referéndum realizado en 1996, en el cual la construcción de la represa fue rechazada por el 88,63% de los votantes. Según Arjol, el contexto actual justifica una nueva consulta, argumentando que la situación energética de la provincia de Misiones es "crítica". El legislador responsabilizó a la empresa EMSA por esta problemática, calificando su gestión como "deficiente", "partidaria" y "proselitista".
En los fundamentos de su proyecto, Arjol destacó que, ante la ausencia de reservas de hidrocarburos y la falta de una conexión a la red nacional de gas natural, la energía eléctrica es la herramienta fundamental para el progreso regional. El diputado advirtió que Misiones posee un único punto de conexión al Sistema Interconectado Nacional (SIN) a través de Ituzaingó, con una provisión que no supera los 300 MW, mientras que la demanda energética pico alcanza los 642 MW.
Para hacer frente a este déficit, el legislador cuestionó el uso de generadores diésel, a los que calificó como "extremadamente caros y contaminantes". Asimismo, desestimó la eficacia de los parques de paneles solares, señalando que estos se desconectan automáticamente ante un corte de suministro del SIN y no pueden abastecer siquiera una vivienda. Arjol vinculó estas fallas con el pésimino estado del sistema eléctrico provincial, caracterizado por cortes frecuentes, prolongados y tres apagones totales sufridos en los últimos años.
El proyecto propone aprovechar los recursos hídricos de los ríos Paraná y Uruguay, siendo el emplazamiento de Pindo-í en Corpus el más estudiado. Se describe como un proyecto hidroeléctrico multipropósito con una potencia instalada de 2.880 MW y un costo estimado de 4.100 millones de dólares. Según las proyecciones presentadas, la obra permitiría generar el 10% de la energía de la República Argentina a un precio de 31 dólares por MWh. Además, se prevén obras complementarias para mejorar el sistema de agua potable, las rutas, las autopistas y la infraestructura de salud de la provincia.
Respecto al rechazo ciudadano de 1996, Arjol sostuvo que "muchas cosas han cambiado". Afirmó que aquel resultado permitió estudiar otros emplazamientos para reducir el impacto ambiental y social. También señaló que el principal argumento negativo de aquel entonces era el mal ejemplo de Yacyretá, obra que hoy, una vez culminada, ha traído beneficios vitales para la región, eliminando la imagen negativa proyectada hace 30 años.
En términos de impacto, el legislador indicó que la construcción afectaría unas 7.000 hectáreas en el lado argentino y que muy pocas familias misioneras se verían perjudicadas. Resaltó que la energía hidroeléctrica es renovable, limpia y no genera gases de efecto invernadero. En el plano económico, subrayó la creación de puestos de trabajo y la demanda de bienes y servicios de empresas locales. Además, destacó que las regalías de la represa serían destinadas íntegramente a Misiones, fondos que podrían utilizarse legalmente para subsidiar la energía en suelo provincial.
Finalmente, Arjol vinculó su iniciativa con los compromisos del Pacto de Mayo, suscrito entre el Estado Nacional y las provincias, que promueve el aprovechamiento de los recursos naturales para el crecimiento económico. Junto a este proyecto, el diputado también ingresó el Expediente D70149/26 para crear un Régimen Provincial de Incentivo para Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos, destinado a fomentar la inversión en centrales de pequeña escala.
En la misma jornada legislativa, el diputado de La Libertad Avanza (LLA) Misiones, Adrián Nuñez, presentó otros dos proyectos para exceptuar del Impuesto a los Ingresos Brutos a las actividades de navegación fluvial y a la producción primaria comercializada a través de cooperativas. Nuñez argumentó que estas medidas buscan mejorar la competitividad de la producción misionera, reducir costos logísticos y facilitar la salida exportadora a través de la Hidrovía Paraguay-Paraná.
