La mandataria Laura Fernández ha dado a conocer el patrón político que pretende imprimir a su mandato durante su primera conferencia de prensa semanal de los miércoles. El ejercicio evidenció una presidencia con una fuerte carga emocional, fundamentada en la confrontación con otros poderes del Estado, particularmente con el Poder Judicial, mediante la implementación de un discurso combativo dirigido hacia fiscales, jueces y magistrados de la República.
El estilo de liderazgo desplegado por la presidenta se perfila como personalista, basándose en una lógica donde el Poder Ejecutivo se posiciona como la voz legítima del cambio y el único actor con la determinación necesaria para actuar. En contraste, la mandataria proyectó al Poder Judicial como una entidad ineficaz y un obstáculo para las transformaciones que desea impulsar en los ámbitos de seguridad y justicia.
Esta apuesta por exhibir firmeza llevó a la gobernante a incurrir en descalificaciones contra jerarcas judiciales, a pesar de que apenas 48 horas antes había invitado a dichos funcionarios a Casa Presidencial con el objetivo de reactivar el diálogo institucional. El lenguaje utilizado contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre; la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano; y el fiscal general, Carlo Díaz, sugiere una estrategia del Ejecutivo orientada a dinamitar puentes en un momento donde los problemas nacionales demandan la construcción de acuerdos.
El impacto de este tono beligerante no se limitó al ámbito interno. Durante la misma conferencia, la presidenta se refirió al conflicto comercial entre Costa Rica y Panamá de manera confrontativa, lo que provocó una escalada en la tensión diplomática. Como respuesta, el presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció la suspensión de un plan destinado a la venta de energía hacia Costa Rica. Mulino envió un mensaje aleccionador al recordar que las relaciones entre Estados deben basarse en la prudencia y que ciertos temas no deben manejarse desde una tarima o una conferencia de prensa.
En cuanto a las alusiones específicas hacia los jerarcas judiciales, la mandataria mostró una ausencia de moderación y templanza. Al fiscal general, Carlo Díaz, lo calificó como una “vergüenza nacional”. Hacia la magistrada Patricia Solano, utilizó el sarcasmo al cuestionarle si en la reunión del lunes esperaba “rosas y serenata” o “la galleta María y el tecito”. Asimismo, presentó a Aguirre, Solano y Díaz como personas alejadas de la realidad, afirmando que “parece que viven en Narnia, en una fábula de las que veíamos en las caricaturas”, insinuando que la mora judicial y la impunidad no les preocupan suficientemente.
Es importante señalar que, aunque la presidenta tiene el derecho de cuestionar la firmeza de magistrados y fiscales frente a la impunidad, este reclamo también podría aplicarse al Poder Ejecutivo. El nombramiento de figuras cercanas en el gabinete y la postulación de políticos oficialistas a diputaciones han otorgado un fuero especial que, en la práctica, impide que el Poder Judicial continúe procesos penales ordinarios contra algunos legisladores y ministros.
La tensión aumentó cuando la gobernante calificó de “acusetas” a la magistrada Solano por haber descrito la reunión del lunes en Zapote como “hostil”. Solano atribuyó dicha hostilidad tanto al tono de “regaño” de Fernández como al protocolo de seguridad, que incluyó revisiones corporales y la entrega de dispositivos electrónicos. Estas descalificaciones contrastan con las afirmaciones previas de la mandataria, quien aseguró que su propósito no era señalar errores ajenos ni generar discordia.
Finalmente, la presidenta afirmó que sería ideal contar con un Poder Judicial que “le cumple al pueblo de Costa Rica”. Si bien la mora judicial y la necesidad de reformas son problemas reales, se plantea que la crítica debe ir acompañada de autocrítica, ya que la solución de los problemas del país también depende de las prioridades y la capacidad de gestión del Gobierno. Tras cuatro años de choques entre poderes, el país enfrenta la necesidad de jerarcas coordinados para combatir el crimen organizado, la inseguridad y el rezago socioeconómico, evitando que la energía se desperdicie en guerras políticas.
