El debate sobre la Remuneración Mínima Vital (RMV) ha regresado a la agenda política y económica del país, desencadenando una serie de posturas enfrentadas entre aspirantes presidenciales, el Poder Ejecutivo y los gremios laborales. La controversia se ha intensificado luego de que el candidato presidencial Roberto Sánchez planteara la propuesta de elevar el sueldo mínimo a S/ 1.500, una cifra que significaría un incremento considerable respecto al monto vigente.
Ante este planteamiento, el ministro de la Producción, César Quispe Luján, ha manifestado una postura de cautela. En una entrevista concedida al medio RPP, el titular de Produce subrayó que cualquier decisión de este tipo debe ser analizada con prudencia, poniendo especial énfasis en la vulnerabilidad de las micro y pequeñas empresas (mypes). Según el funcionario, diversos sectores económicos todavía se encuentran en un proceso de recuperación y enfrentan serias dificultades para alcanzar una estabilidad financiera sostenible.
El ministro Quispe Luján detalló que las mypes atraviesan actualmente una situación compleja, marcada por una reducción en las ventas en múltiples rubros productivos y un incremento en sus gastos operativos. De manera específica, señaló que los negocios pertenecientes a los sectores comercial y textil han tenido que absorber nuevos sobrecostos relacionados con la operación y la seguridad, factores que han provocado una disminución en sus márgenes de ganancia. En este escenario, el ministro advirtió que un incremento abrupto del salario mínimo podría ejercer una presión económica insostenible sobre empresas que operan con recursos limitados.
Respecto a la viabilidad temporal de la medida, el titular de Produce fue enfático al señalar que, en los meses actuales, no considera oportuno realizar dicho aumento, sugiriendo que se debe esperar el momento adecuado. Asimismo, explicó que no se dispone aún de estudios técnicos concluyentes que permitan evaluar el impacto real de un incremento cercano al 40 % de la remuneración mínima vital, razón por la cual instó a realizar evaluaciones técnicas exhaustivas antes de adoptar cualquier resolución oficial.
El ministro recordó además que las mypes constituyen un pilar fundamental en la generación de empleo en el territorio nacional. Al señalar que muchas de estas unidades productivas operan "al límite de sus costos operativos", remarcó que cualquier modificación en la estructura salarial debe considerar la capacidad financiera de los pequeños negocios para evitar que se comprometa su sostenibilidad en el tiempo.
En la actualidad, la remuneración mínima vital en el Perú se sitúa en S/ 1.130, monto que permanece vigente desde enero de 2025. Esta cifra ha sido el centro de críticas desde diversos sectores políticos; por ejemplo, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha cuestionado la viabilidad de elevar el sueldo a S/ 1.500, considerando el contexto económico actual.
Paralelamente, la presión por un ajuste salarial proviene también de los gremios sindicales. La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil han solicitado que el sueldo mínimo sea elevado a S/ 1.850. Los gremios argumentan que los S/ 1.130 actuales son insuficientes para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores, debido al incremento sostenido del costo de vida y a la consecuente pérdida del poder adquisitivo.
Luis Villanueva, secretario de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, señaló que la brecha entre el salario mínimo y el costo real de la vida se ha ampliado, lo que profundiza la desigualdad social. Villanueva comparó la situación de precariedad de las familias que dependen del sueldo mínimo con la de otros sectores, mencionando específicamente al Congreso, donde los ingresos han experimentado incrementos significativos.
Finalmente, la CGTP ha propuesto una reforma estructural en la forma en que se actualiza el salario. El gremio plantea la implementación de mecanismos de reajuste automático, similares a los que se aplican para la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Esta propuesta sugiere que el Estado, los empresarios y los trabajadores acuerden una periodicidad para estos ajustes, con el objetivo de garantizar que la remuneración mínima refleje la realidad económica actual del país y proteja el bolsillo del trabajador.
