El Gobierno de Bolivia ha denunciado formalmente que se está gestando un intento de golpe de Estado en el país, señalando directamente al expresidente Evo Morales como el principal artífice de estas acciones. El canciller boliviano, Fernando Aramayo, afirmó este miércoles que las protestas que sacuden la nación tienen un objetivo claro y un liderazgo definido, el cual busca forzar la salida del actual mandatario, Rodrigo Paz.
Durante una entrevista conjunta concedida a la emisora argentina Radio Mitre, en la que también participó el canciller de Argentina, Pablo Quirno, Aramayo fue enfático al declarar que las movilizaciones actuales poseen un "rostro inexcusable" que corresponde a Evo Morales. El diplomático acusó al exmandatario de impulsar un proceso de sedición y de financiar marchas diseñadas para desestabilizar la democracia boliviana. Según el canciller, existen declaraciones públicas de diversos líderes alineados con Morales que manifiestan abiertamente que el propósito de sus movilizaciones es lograr la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Al ser consultado sobre si estas acciones constituían un golpe de Estado, Fernando Aramayo no dudó en responder que no tiene otro nombre cuando alguien intenta derrocar por la fuerza a un gobierno que ha sido democráticamente elegido. En sus declaraciones, el canciller también lanzó duras críticas hacia lo que denominó "oligarquías sindicales" y "narco-sindicales", asegurando que estas estructuras corruptas han estado enquistadas en el poder durante décadas, dominando las decisiones políticas y sociales del país. Aramayo subrayó que el Gobierno era consciente de que enfrentaría una arremetida de este tipo al intentar cambiar la realidad nacional.
En este contexto de tensión, el canciller argentino, Pablo Quirno, expresó su preocupación por la situación política que atraviesa Bolivia. Quirno responsabilizó a los sectores opositores que perdieron en los comicios electorales de intentar desestabilizar a un Gobierno que apenas lleva seis meses en funciones. El diplomático argentino reafirmó el apoyo de su país hacia la administración de Rodrigo Paz, asegurando que Argentina ha estado brindando ayuda desde que recibió la llamada de auxilio del Gobierno boliviano. Asimismo, reveló que Argentina ha mantenido conversaciones con Estados Unidos e Israel, países que también habrían manifestado su preocupación por la crisis boliviana.
Uno de los puntos más polémicos de la jornada fue el rechazo categórico de Pablo Quirno a las declaraciones emitidas por Evo Morales a medios argentinos el pasado martes. Morales había denunciado que dos aviones Hércules enviados por Argentina a Bolivia habían sido utilizados para trasladar militares y policías hacia La Paz, y que además transportaban balines y gases lacrimógenos. Quirno negó rotundamente estas acusaciones, calificándolas como un intento de generar tensiones innecesarias entre el pueblo boliviano y la República Argentina. El canciller aclaró que la finalidad de los aviones fue estrictamente humanitaria, transportando alimentos hacia ciudades que se encuentran afectadas por los bloqueos de carreteras.
La situación en el terreno es crítica, especialmente en el departamento de La Paz, que permanece incomunicado del resto del territorio nacional desde hace 14 días. Esta situación es el resultado de bloqueos impulsados por sindicatos campesinos, quienes cuentan con el respaldo de la Central Obrera Boliviana (COB) y otros grupos afines a Evo Morales. El objetivo principal de estas medidas de presión es exigir la renuncia del presidente Paz.
Si bien la lucha por el poder es el eje central, las protestas también plantean una serie de demandas sociales y económicas, entre las que destacan el reclamo por aumentos salariales, el abastecimiento eficiente de combustibles y la implementación de diversas reformas legales.
La crisis escaló el pasado lunes en la ciudad de La Paz, donde las manifestaciones derivaron en graves disturbios. Se reportaron enfrentamientos, saqueos y agresiones físicas contra ciudadanos que no participaban en las marchas, así como ataques directos hacia agentes de seguridad y periodistas que se encontraban cubriendo los hechos.
