La Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba se encuentra sumergida en una fuerte controversia institucional y legal tras la aparición y participación activa de la asambleísta Roxana Bascopé en la sesión celebrada este martes. La presencia de la legisladora ha generado una ola de cuestionamientos entre sus pares, debido a que Bascopé cuenta con una sentencia judicial por narcotráfico, hecho que, según diversos sectores, debería haber derivado en su inhabilitación inmediata para ejercer el cargo público.
El núcleo del conflicto radica en que Roxana Bascopé tiene registrada en el Registro Judicial de Sentencias Condenatorias (REJAP) una sentencia de cinco años y cuatro meses de reclusión por el delito de narcotráfico. Esta situación jurídica ha sido el punto central de las observaciones realizadas por varios legisladores departamentales, quienes sostienen que dicha condena constituye una causal clara de impedimento o inhabilitación para desempeñar funciones dentro del ente legislativo departamental.
A pesar de la gravedad de los antecedentes y de la incertidumbre sobre su situación legal, Bascopé no solo estuvo presente en la sesión de este martes, sino que participó activamente en el desarrollo de la misma. El asambleísta Edwin Jiménez, representante del partido Libre, denunció públicamente que la legisladora intervino en las deliberaciones, levantó la mano y emitió sus votos en las decisiones tomadas durante la jornada. Jiménez calificó este hecho como improcedente, asegurando que Bascopé no debería haber ejercido tales funciones.
La indignación de Jiménez se fundamenta en que, según sus declaraciones, la asambleísta no había recibido su credencial oficial hasta hace algunas semanas. Ante este escenario, el legislador de Libre anticipó que solicitará formalmente la nulidad de toda la sesión del martes, argumentando que la participación y el voto de Bascopé carecen de legitimidad legal. Asimismo, Jiménez informó que exigirá una respuesta formal y detallada por parte del Tribunal Electoral Departamental (TED) para esclarecer la situación administrativa de la legisladora.
Paralelamente, el asambleísta Joel Flores, perteneciente a la agrupación Súmate, también manifestó su rechazo a la presencia de Bascopé en el recinto. Flores relató que se acercó al presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Grover García, para exigir explicaciones sobre la permanencia de la legisladora en el salón. Según el relato de Flores, el presidente García justificó la situación argumentando que las sesiones de la Asamblea son públicas y, por lo tanto, cualquier persona puede estar presente. Ante esta respuesta, Flores replicó que existe una diferencia fundamental entre asistir a una sesión pública y estar sentada en el área de legisladores sesionando y participando en la toma de decisiones.
Este conflicto no es nuevo, sino que es el resultado de una serie de acciones legales emprendidas por los asambleístas opositores. El pasado 14 de abril, Joel Flores presentó un documento formal ante el Tribunal Electoral Departamental solicitando la inhabilitación de Roxana Bascopé basándose en la sentencia por narcotráfico ya mencionada. En aquel momento, Flores adelantó que iniciaría procesos penales contra los vocales del TED si no se tomaban las medidas correspondientes.
Por su parte, el asambleísta Edwin Jiménez también había intentado esclarecer la situación el pasado 6 de mayo, fecha en la que remitió una solicitud de informe escrito al presidente Grover García. El objetivo de dicho documento era obtener claridad sobre la situación de Bascopé, quien se encuentra vinculada al bloque evista de la alianza AUPP.
Actualmente, la institución se encuentra en un estado de indefinición. Si bien el Tribunal Electoral Departamental había señalado previamente que el caso de Bascopé debía ser tratado y resuelto en Sala Plena, hasta el momento no se ha hecho pública ninguna resolución final. Se desconoce si la asambleísta ya recibió oficialmente su credencial o si existe algún acto administrativo que habilite legalmente su ejercicio de funciones. Mientras tanto, la participación de Bascopé en la Asamblea Legislativa de Cochabamba sigue siendo el centro de un intenso debate sobre la ética y la legalidad en el ejercicio de cargos electos.
