Un amplio sector de representantes políticos de la provincia de Santa Cruz, conformado por intendentes, diputados provinciales, diputados nacionales y senadores nacionales, ha manifestado su firme rechazo al proyecto de endeudamiento impulsado por el Gobierno Provincial. A través de una solicitada titulada “Pronunciamiento colectivo en defensa del pueblo santacruceño”, los firmantes expresaron su oposición a una operación financiera por un monto de 600 millones de dólares, argumentando que dicha medida compromete la soberanía y el futuro de la provincia.
El documento, que fue difundido sin distinciones partidarias, establece una postura crítica sobre el rumbo económico actual y propone una redefinición de las prioridades gubernamentales. El eje central del rechazo se fundamenta en la naturaleza del endeudamiento propuesto. Los firmantes calificaron negativamente cualquier mecanismo de crédito que se realice en moneda extranjera y que quede sujeto a la jurisdicción de tribunales extranjeros, considerando que este esquema representa un riesgo para la autonomía santacruceña.
En el cuerpo de la solicitada, se sostiene que, antes de avanzar con una deuda de tal magnitud y características, el Estado provincial debe atender las necesidades urgentes de la población. Los representantes políticos enfatizan que las prioridades deben centrarse en los trabajadores, las familias y los municipios, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
Uno de los puntos más críticos del pronunciamiento es la defensa del salario y la capacidad adquisitiva de los hogares. Los firmantes sostienen que los recursos disponibles de la provincia deben destinarse prioritariamente a brindar respuestas inmediatas a quienes atraviesan una profunda crisis económica. Específicamente, señalan que los trabajadores y trabajadoras, tanto del ámbito provincial como municipal, han sufrido una pérdida significativa de su poder adquisitivo, lo que exige una intervención urgente para recomponer sus haberes.
Asimismo, el documento dedica un apartado fundamental a la defensa de la obra pública y el desarrollo regional. Desde la perspectiva de los firmantes, la inversión pública no debe verse como un gasto, sino como una herramienta esencial para generar empleo genuino, dinamizar las economías locales y elevar la calidad de vida de los habitantes de Santa Cruz. Se plantea que la reactivación de estas obras es vital para sostener la actividad económica en el territorio.
En relación al bienestar social, el pronunciamiento insta a garantizar que los recursos presupuestarios y extra presupuestarios se utilicen para sostener un esquema de redistribución de la renta que sea equitativo. Esta visión incluye la ejecución de obra pública en los municipios, asegurando que el impacto del desarrollo abarque la totalidad de la extensión geográfica de la provincia.
Otro reclamo puntual surge en materia de financiamiento municipal. Los firmantes señalan la necesidad de avanzar en la creación de una nueva ley de coparticipación. El objetivo de esta medida sería garantizar una mayor autonomía financiera para los intendentes y asegurar un financiamiento genuino para las cajas de servicios y previsión social, sectores que consideran críticos para la estabilidad social.
Ante este escenario de tensión, el grupo de legisladores y jefes comunales instó al Gobierno Provincial a abrir un puente de diálogo. La solicitud busca construir conjuntamente alternativas que permitan poner nuevamente al pueblo santacruceño en el centro de la gestión, priorizando el trabajo, los salarios y el desarrollo sostenible por encima de los créditos externos.
El documento cierra con una consigna contundente que resume la postura del colectivo: “Antes que el endeudamiento, está el pueblo. Antes que la deuda, están las familias santacruceñas”.
La solicitada cuenta con el respaldo de un nutrido grupo de funcionarios. Entre los diputados provinciales firmantes se encuentran Carlos Santi, Carlos Alegría, Carlos Godoy, Daniel Peralta, Eloy Echazú, Lorena Ponce, Karina Nieto, Rocío García, Agostina Mora, Javier Jara y José Bodlovic.
Por el sector municipal, el documento fue suscrito por los intendentes Aldo Aravena, Antonio Carambia, Darío Menna, Javier Belloni, Pablo Grasso, Zulma Neira y Juan Raúl “Pirri” Martínez.
En el ámbito nacional, el pronunciamiento fue acompañado por los diputados Ana María Ianni, Juan Carlos Molina y Moira Lanesan, además de los senadores nacionales José María Carambia, Alicia Kirchner y Natalia Gadano.
