El pasado 18 de mayo de 2026, exactamente a las 05:00, concluyó la aplicación del toque de queda que rigió durante 15 días en diversas zonas del país. Esta medida, implementada con el objetivo primordial de combatir la ola de violencia que afecta al territorio nacional, fue desplegada en siete provincias y cuatro cantones, buscando recuperar el control de espacios críticos.
Según el balance final entregado por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, la operatividad durante este periodo resultó en la detención de un total de 5.023 personas. De este grupo, las autoridades precisaron que 1.512 individuos están vinculados directamente con la comisión de delitos. Dentro de este segmento, se identificó que 717 personas forman parte de estructuras criminales organizadas. Asimismo, el reporte oficial detalla que dos de los detenidos fueron catalogados como objetivos de alto valor y otros 85 fueron considerados individuos de interés penal relevante.
En el marco de estas acciones, el saldo de enfrentamientos dejó cuatro supuestos delincuentes abatidos. No obstante, una parte considerable de las detenciones no estuvo ligada a actividades criminales directas; el informe revela que 1.910 personas fueron aprehendidas únicamente por incumplir las restricciones de movilidad, al ser sorprendidas fuera de sus hogares o permaneciendo en espacios públicos durante el horario establecido para el toque de queda.
En cuanto al despliegue táctico, las fuerzas del orden ejecutaron 56 operaciones dirigidas contra estructuras criminales, las cuales incluyeron la realización de 378 allanamientos. Estas incursiones permitieron la incautación de material bélico y sustancias ilícitas, sumando el decomiso de 405 armas de fuego, 9.2 toneladas de droga y 84.221 galones de combustible. En materia de recuperación de bienes, el balance indica que fueron recuperados 108 vehículos y 179 motocicletas.
La medida fue aplicada en las provincias de Sucumbíos, Santo Domingo, Santa Elena, Pichincha, Manabí, Los Ríos, Guayas, Esmeraldas y El Oro. De igual manera, el toque de queda se extendió a los cantones de La Maná en Cotopaxi, La Troncal en Cañar, y Las Naves y Echeandía en la provincia de Bolívar.
A pesar de las cifras presentadas por el Gobierno, la efectividad de la medida ha sido cuestionada por especialistas. Mario Pazmiño, experto en seguridad, calificó el toque de queda como una acción "populista" más que efectiva. Para Pazmiño, esta estrategia busca generar una acción psicológica en la ciudadanía para proyectar que el Estado tiene el control de ciertos territorios, aunque sostiene que esto es ilusorio, ya que una vez finalizada la restricción, los espacios vuelven a caer bajo el dominio de la delincuencia.
El analista advirtió sobre lo que denominó "metástasis delictiva", argumentando que avisar con anticipación sobre estas medidas permite que los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) se desplacen hacia otros sectores. Según Pazmiño, el crimen organizado posee una capacidad de adaptación superior a las condiciones impuestas por el Estado, lo que provoca que el problema no se elimine, sino que simplemente se traslade de lugar.
Paralelamente, el sector productivo ha manifestado su preocupación por el impacto económico derivado de las restricciones. Diego Vivero, presidente de la Confederación de Restaurantes del Ecuador (Corec), señaló que las cifras de seguridad no justifican el nivel de afectación financiera sufrido por los negocios. Vivero informó que los establecimientos dedicados a la diversión nocturna, tales como bares, discotecas y gastropubs, registraron pérdidas en sus ventas de hasta el 80 %, mencionando que muchos locales optaron por no abrir durante los 15 días.
El resto del sector de servicios también sintió el impacto, con una caída promedio de ventas situada entre el 30 % y el 40 %, debido a la obligatoriedad de cerrar más temprano o limitar sus actividades únicamente a servicios de entrega a domicilio y para llevar.
Vivero subrayó que lo más alarmante es el daño a la imagen internacional del país, lo que podría repercutir a largo plazo en el turismo, especialmente para quienes planean sus vacaciones de verano y podrían evitar Ecuador ante el riesgo de encontrar restricciones de movilidad.
Ante este escenario, los empresarios han solicitado al Gobierno medidas de compensación, incluyendo la implementación permanente de un IVA diferenciado del 8 % para el sector turístico, la aprobación de una reforma a la ley seca y modificaciones en el sector laboral. Sin embargo, Vivero lamentó que hasta el momento no ha habido respuesta y que el pedido para mantener una reunión con el presidente fue negado, instando a que el sector productivo sea consultado antes de aplicar medidas similares en el futuro.
