El sistema judicial de la región de Apurímac ha sido sacudido por un nuevo y determinante giro procesal. El pasado 20 de julio de 2026, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria tomó una decisión contundente al dictar 18 meses de prisión preventiva contra José Alberto Tinco Luján, quien se desempeñó como presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, y su esposa, Elionora Yntusca Janampa.
Esta medida restrictiva de la libertad se produce en el marco de una investigación profunda por presuntos delitos de abuso de autoridad y corrupción. Ambos procesados son señalados como piezas clave de una organización criminal denominada "Las Corbatas Negras", la cual presuntamente operó en las entrañas del sistema judicial con el objetivo de manipular procesos judiciales y gestionar designaciones de manera irregular.
De acuerdo con los detalles proporcionados por la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, entidad que lidera las investigaciones, el esquema de corrupción tenía roles definidos. Se señala que José Alberto Tinco Luján habría aprovechado su cargo para realizar contrataciones ilegales dentro de la Corte de Apurímac. Por su parte, su esposa, Elionora Yntusca Janampa, habría ejercido una influencia directa y determinante en la designación del personal que integraba la institución.
La red de presuntos implicados no se limita a la pareja. El caso también involucra a Alexander Puma Valer, quien se desempeñaba como coordinador de Servicios Judiciales, y a Marco Antonio Cerón Trujillo, coordinador de Recursos Humanos. Asimismo, la investigación ha identificado a otras 25 personas que habrían sido contratadas de manera irregular bajo este esquema de favores y corrupción.
El camino hacia estas medidas cautelares comenzó con un megaoperativo ejecutado el pasado 2 de julio. En dicha acción, coordinada entre la Dircocor y el Ministerio Público, se llevaron a cabo 21 allanamientos simultáneos. Estos operativos no se limitaron únicamente a la región de Apurímac, sino que se extendieron a Lima, La Libertad y Puno, permitiendo la detención preliminar de Tinco Luján, su esposa y otros funcionarios vinculados al caso.
La Fiscalía ha detallado el modus operandi de la organización "Las Corbatas Negras". Según los informes, la red no solo se dedicaba a las contrataciones irregulares, sino que ejercía presiones directas sobre diversos magistrados para inclinar la balanza de los procesos. Además, habrían promovido la designación irregular de jueces supernumerarios y manipulado los sistemas informáticos de la institución con el fin de direccionar expedientes judiciales hacia personas o intereses específicos.
En cuanto a las medidas dictadas por el Poder Judicial, mientras que Tinco Luján y Yntusca Janampa deberán cumplir 18 meses de prisión preventiva, la situación de los otros implicados varía. Para Alexander Puma Valer se dispuso una prisión preventiva de 12 meses, mientras que para Marco Antonio Cerón Trujillo y Mario Ramos, el Poder Judicial ordenó que sigan el proceso en libertad.
El impacto del caso "Las Corbatas Negras" ha trascendido la región, generando una alarma a nivel nacional. El hecho de que una red de funcionarios judiciales haya operado para manipular decisiones y beneficiarse de designaciones irregulares pone en evidencia la vulnerabilidad del sistema. La aplicación de la prisión preventiva contra el expresidente de la Corte y su esposa busca asegurar que las investigaciones continúen su curso sin interferencias, dada la gravedad de las imputaciones presentadas.
Esta resolución judicial marca otro hito en la lucha contra la corrupción dentro del sistema de justicia peruano. Actualmente, existen al menos 14 hechos bajo análisis que revelan la magnitud de este esquema de tráfico de influencias y abuso de autoridad. El caso resalta la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de control interno y promover una mayor transparencia institucional.
Para la ciudadanía, estas medidas representan un paso necesario hacia la recuperación de la confianza en un sistema judicial que se encuentra sumamente golpeado por la sospecha y la inconducta funcional de quienes debieron velar por la ley.
