La comunidad de la localidad de Suba, respaldada por el concejal Rubén Darío Torrado, ha denunciado la persistencia de ocupaciones ilegales y graves afectaciones ambientales en la Reserva Forestal Thomas van der Hammen. El foco de la alerta se centra específicamente en los predios pertenecientes a la empresa Pluserati S.A.S., ubicados en el sector de La Conejera, donde la falta de intervención efectiva de las autoridades ha permitido que el daño ambiental y la ilegalidad avancen.
De acuerdo con la información recopilada, el conflicto en el predio de Pluserati S.A.S. se remonta a 2024, año en el que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) inició una investigación de oficio tras identificarse vertimientos ilegales de escombros en la zona. Sin embargo, antes de que dicho proceso administrativo pudiera arrojar resultados o medidas concretas, el terreno fue invadido en junio de 2025 por personas no autorizadas. Los invasores instalaron polisombra y comenzaron a utilizar el espacio para actividades de vigilancia y pastoreo.
A pesar de que se solicitó formalmente a la CAR ampliar la investigación y proceder con el sellamiento preventivo del inmueble para evitar que la situación escalara, dicha medida nunca fue ejecutada. Durante el último año, el propietario del predio ha agotado diversas instancias legales, elevando peticiones ante la CAR y la Alcaldía Local de Suba, además de radicar querellas ante las Inspecciones de Policía 11C y 11G. No obstante, las respuestas institucionales han sido insuficientes. La gravedad de la demora judicial queda evidenciada en la programación de las audiencias públicas por perturbación a la posesión, las cuales han sido fijadas para septiembre de 2026 y marzo de 2027, obligando a los afectados a esperar hasta 18 meses para obtener una decisión sobre la restitución del terreno.
La inacción estatal ha permitido que la ocupación ilegal evolucione. Pruebas fotográficas y registros de drones presentados ante las autoridades revelan que el terreno ya no solo es utilizado para pastoreo, sino que actualmente alberga maquinaria pesada y un vivero comercial en pleno funcionamiento. Luz Angela Pertuz Varela, apoderada de Pluserati S.A.S., manifestó su preocupación señalando que: “Ya ha pasado un año desde el momento en que inició la invasión y a pesar de existir una investigación abierta por parte de la CAR y de las entidades policivas, la CAR no ha procedido a realizar ningún sellamiento al inmueble”.
Este caso fue llevado al escenario del Concejo de Bogotá el pasado 15 de julio de 2026, donde el concejal Rubén Darío Torrado convocó a una mesa de control político. En este encuentro participaron la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Ambiente, la Alcaldía de Suba, la Personería, la Contraloría Distrital y delegados de la CAR. Durante la sesión, la vocera de Pluserati subrayó la urgencia de la situación: “En estos momentos en el inmueble ya se han hecho construcciones, se encuentra un vivero y un reservorio de agua. No nos explicamos por qué razón la CAR no ha hecho nada a pesar de que esta es una reserva forestal muy importante para todos los bogotanos”.
El concejal Torrado advirtió que el caso de Pluserati no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia preocupante. Según su informe, en lo que va de la administración actual se ha registrado un incremento del 10% en las invasiones de predios en Bogotá, afectando tanto a la propiedad privada como a terrenos de alto valor ambiental. Torrado criticó la gestión distrital, afirmando que “son muy pocas las acciones que ha venido desarrollando la administración distrital para evitar esas invasiones o ese aprovechamiento de unas personas de terrenos que son de los bogotanos y otros terrenos que son de unos particulares”, añadiendo que las garantías actuales parecen favorecer a los invasores y no a los propietarios legítimos.
La comunidad de Suba ha expresado su alarma ante la falta de acciones preventivas, especialmente considerando que estos predios fueron reconocidos por la CAR como suelo de protección en la Reserva Forestal Thomas van der Hammen entre 2018 y 2020. Las denuncias ciudadanas incluyen la descarga continua de escombros, el cierre perimetral con latas y la construcción de infraestructura sin los permisos correspondientes.
Finalmente, el seguimiento al caso revela una contradicción entre el discurso oficial y la realidad en el terreno. Mientras que en enero de 2026 el director general de la CAR aseguró en medios de comunicación que se adelantaban operativos de sellamiento y procesos sancionatorios en La Conejera, con multas que podrían alcanzar los 100.000 smmlv, los hechos en el predio de Pluserati demuestran lo contrario. Por ello, la mesa de trabajo del 15 de julio buscó articular una “ruta policiva” que permita responder con mayor efectividad a la ocupación indebida de terrenos de especial protección en la localidad de Suba.
