En una serie de operativos coordinados en el departamento del Meta, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional han logrado asestar golpes significativos contra las estructuras financieras y logísticas de las disidencias de la Segunda Marquetalia. Las acciones recientes han permitido la desarticulación de comisiones dedicadas a la extorsión y el secuestro, además de la captura de presuntos cabecillas de la organización criminal.
La operación más reciente, llevada a cabo por tropas del Ejército Nacional, resultó en la desarticulación de una comisión de finanzas ilegales que operaba en los municipios de Mapiripán, Puerto Lleras y Puerto Rico. Este grupo criminal se especializaba en actividades de extorsión y secuestro, enfocando sus ataques principalmente hacia ganaderos, transportadores, comerciantes y empresarios de la región. Durante el despliegue operativo, los uniformados lograron la captura de ocho personas, entre las cuales se encuentran tres mujeres.
Uno de los resultados más relevantes de este procedimiento fue la recuperación de un menor de edad, quien había sido reclutado de manera forzada por la organización. Según el reporte oficial, el menor estaba siendo instrumentalizado para la ejecución de acciones delictivas bajo constantes amenazas, evidenciando las tácticas de coacción empleadas por este grupo armado.
De acuerdo con la información suministrada por el Ejército Nacional, la estructura desmantelada utilizaba métodos de intimidación sistemáticos. Los criminales empleaban talonarios específicos para el cobro de extorsiones, mediante los cuales amenazaban con represalias a sus víctimas si no se cumplían las exigencias económicas. Para dar con el paradero de los implicados, las autoridades implementaron labores de inteligencia militar que permitieron identificar la utilización de motocicletas de alto cilindraje. Estos vehículos estaban adaptados para alcanzar altas velocidades y generar niveles elevados de ruido, característica que facilitó la ubicación de los sospechosos.
Además de la inteligencia táctica, el proceso investigativo se fortaleció mediante la recolección de huellas dactilares encontradas en los talonarios utilizados para las extorsiones. En cuanto al material incautado, las autoridades reportaron la incautación de cinco motocicletas, tres de ellas de alto cilindraje, tres armas de fuego, municiones de diversos calibres, material de intendencia y prendas de uso exclusivo de la Fuerza Pública. La presencia de uniformes militares entre lo incautado pone de manifiesto el nivel de organización y el intento de mimetizarse con las instituciones oficiales.
A través de un comunicado, la institución castrense señaló que este resultado representa un duro golpe contra las redes logísticas y criminales de la Segunda Marquetalia, ya que se ha desmantelado una estructura dedicada a recolectar dinero, mediante la intimidación, para el sostenimiento delictivo del grupo armado ilegal. Tanto los detenidos como el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para iniciar el proceso de judicialización.
Este operativo se suma a otras acciones recientes en la zona. Días atrás, en el marco de la denominada Operación Tokio Fase VII, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional capturó a tres presuntos cabecillas del frente Iván Merchán en la zona rural de Mapiripán. Los capturados fueron identificados como alias Junior, señalado como el cabecilla financiero; alias Bayron, presunto jefe armado; y alias El Costeño, quien fungiría como escolta de los líderes.
Durante esa intervención, se incautó armamento sofisticado, incluyendo una subametralladora Mini Uzi calibre 9 mm, una pistola calibre 9 mm, 155 cartuchos, un dron y una antena de internet satelital. Asimismo, se recuperaron cuatro teléfonos celulares, tres motocicletas, uniformes pixelados de uso militar, un sello de la estructura de finanzas, panfletos del frente Iván Merchán y agendas que contenían información detallada sobre nóminas, pagos y contactos de la organización.
A esta estructura se le atribuyen diversos actos de extorsión contra comerciantes, ganaderos y empresarios del sector palmero en el sur del Meta. Además, se les responsabiliza por la incineración de un vehículo de carga y múltiples ataques armados contra empresas palmeras, acciones ejecutadas con el fin de presionar el pago de exigencias económicas ilegales.
En el proceso judicial posterior, los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien legalizó las detenciones y los elementos incautados. La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego; fabricación y porte de armas y municiones de uso restringido y privativo de las fuerzas armadas; y concierto para delinquir agravado con fines extorsivos. Durante la audiencia, alias Junior aceptó los cargos formulados. El juez impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para los tres detenidos, en una operación realizada en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y el apoyo del Gaula Militar Ariari.
