La ciudad de La Paz se convirtió este lunes en el escenario de graves disturbios y actos de violencia, luego de que diversas movilizaciones sociales que exigen la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, derivaran en una serie de ataques y saqueos contra instituciones del Estado y establecimientos privados. La jornada estuvo marcada por la confrontación directa entre manifestantes y fuerzas del orden en puntos neurálgicos de la capital.
Los enfrentamientos más intensos se concentraron en las calles aledañas a la plaza Murillo, zona donde se encuentran las sedes principales del Gobierno y el Parlamento. Los movilizados intentaron rebasar los cordones de seguridad establecidos por los agentes antimotines mediante el lanzamiento de piedras, petardos y el uso de cargas de dinamita. Por su parte, las fuerzas policiales respondieron a las agresiones utilizando gases lacrimógenos para dispersar a la multitud y mantener el control de los edificios gubernamentales.
En medio de este clima de alta tensión, se registraron actos de vandalismo contra la propiedad privada. Un grupo de personas procedió a arrancar las puertas de un edificio particular con el objetivo de utilizarlas como escudos de protección frente a la acción policial. Asimismo, los manifestantes extrajeron objetos del interior del inmueble, tales como maderas y papeles, que fueron utilizados para encender fogatas en la vía pública, una táctica empleada para intentar neutralizar el efecto de los gases lacrimógenos lanzados por los agentes.
La violencia también alcanzó a las instituciones públicas. Funcionarios del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) capturaron en video el momento en que un grupo de manifestantes irrumpía en el edificio. Una vez en el interior, los atacantes procedieron a destruir y robar diversos muebles de oficina. Simultáneamente, otro grupo de personas atacaba con piedras uno de los ingresos laterales de los juzgados, provocando daños materiales considerables.
El sistema de transporte por cable, Mi Teleférico, que conecta la ciudad de La Paz con El Alto, también fue blanco de los ataques. Varias estaciones sufrieron destrozos causados por el lanzamiento de piedras. La estación situada en el centro histórico de la ciudad fue la más perjudicada; allí, los movilizados no solo causaron daños en las oficinas internas, sino que también golpearon brutalmente a un oficial de policía que se encontraba custodiando las instalaciones. Debido a la gravedad de la situación, la empresa estatal Mi Teleférico se vio obligada a suspender temporalmente el servicio en la línea afectada y en otras tres rutas cuyas estaciones se encontraban en el trayecto de las manifestaciones.
Otros incidentes reportados por vecinos y medios de comunicación incluyeron la quema de un vehículo policial que estaba estacionado en las inmediaciones de las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc). Además, el sector comercial sufrió el impacto de la jornada; diversas comerciantes callejeras denunciaron que los manifestantes saquearon y destruyeron sus pequeños negocios, dejándolas sin sus herramientas de trabajo.
Esta crisis se desarrolla en un contexto de aislamiento severo para el departamento de La Paz, que permanece incomunicada del resto del territorio nacional desde hace 13 días. Esta situación es el resultado de bloqueos de carreteras impulsados por la Federación de Campesinos Tupac Katari, contando con el respaldo de la Central Obrera Boliviana (COB), organización que también ha mantenido movilizaciones callejeras en la capital desde principios de mes. Los cortes de ruta no se limitan a La Paz, ya que también se registran interrupciones viales en los departamentos de Oruro, Cochabamba y Chuquisaca.
En relación con la seguridad de la prensa, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado lamentando la situación de los comunicadores. Según el organismo, entre el 12 y el 18 de mayo se registraron 15 casos de agresiones contra periodistas y cuatro ataques contra equipos de prensa que se encontraban cubriendo los conflictos sociales.
El Gobierno de Rodrigo Paz, cuya gestión lleva apenas seis meses, ha señalado directamente al expresidente Evo Morales como el principal promotor de estas movilizaciones, calificando los hechos como un intento de Morales por recuperar el poder.
A nivel internacional, el canciller argentino, Pablo Quirno, desmintió las afirmaciones de Evo Morales, quien había asegurado que los aviones Hércules enviados por Argentina transportaban personal policial destinado a reprimir las protestas. Quirno afirmó que tales declaraciones son falsas y forman parte de una campaña de desinformación y desestabilización contra el gobierno legítimamente electo de Rodrigo Paz. El canciller aclaró que los aviones fueron solicitados por el Gobierno boliviano para brindar ayuda logística y abastecer a la ciudad de La Paz, transportando alimentos desde Santa Cruz de la Sierra debido a los bloqueos de carreteras impuestos por los opositores.
