El panorama económico de Panamá se encuentra en un punto de análisis crítico, donde convergen la gestión de sus recursos naturales, la eficiencia administrativa del Estado y la sostenibilidad de su sector empresarial. Diversos especialistas y organismos han puesto sobre la mesa una serie de desafíos que definen la hoja de ruta del país, señalando que la riqueza del territorio no siempre se traduce en una administración efectiva de sus capacidades.
Uno de los pilares fundamentales de la economía panameña, el Canal de Panamá, enfrenta una realidad donde el agua ha dejado de ser un recurso meramente operativo para convertirse en un eje de supervivencia social y económica. Según el economista Luis Morán, el recurso hídrico en el país no tiene una función limitada al movimiento de embarcaciones, sino que es el soporte vital de hogares, escuelas, hospitales y comercios, impactando directamente la vida de más de 2 millones de personas distribuidas en cinco distritos. Morán enfatiza que los lagos Gatún y Alajuela son los motores que sostienen tanto al Canal como a la nación entera, advirtiendo que la gestión del agua representará el reto económico más significativo de las próximas décadas.
En sintonía con esta visión, el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, ha destacado el desempeño actual de la vía interoceánica. Vásquez señaló que existe un fuerte rendimiento proveniente del transporte de contenedores y del gas licuado de petróleo. Asimismo, subrayó que los productos energéticos están adquiriendo una relevancia creciente en los volúmenes de carga que se manejan en la ruta, lo que diversifica la actividad comercial del Canal.
Sin embargo, el potencial económico del país choca con la percepción de su manejo institucional. El economista Felipe Argote ha sido tajante al afirmar que Panamá no es un país pobre ni se encuentra en estado de quiebra, sino que es un país pésimamente administrado. Bajo esta premisa, Argote considera absurda cualquier comparación de Panamá con naciones como Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, sugiriendo que la brecha no radica en la falta de recursos, sino en la calidad de la administración pública.
En el ámbito empresarial, la sostenibilidad no solo depende de las políticas estatales, sino de la capacidad de gestión interna de las compañías. Rubén Bustamante, especialista tributario, advierte que la causa de la quiebra de las empresas no suele ser la falta de ventas, sino la incapacidad de comprender sus propios números a tiempo. Bustamante critica la tendencia de crecer sin control, gastar sin medición e invertir sin una planificación clara, definiendo estas prácticas no como una estrategia, sino como un riesgo disfrazado.
Complementando esta visión de competitividad, la APEDE ha resaltado la importancia de la Ley de Sustancia Económica. Para esta organización, dicha ley es una herramienta clave para fortalecer la credibilidad de Panamá, atraer inversiones que sean sostenibles y garantizar que el país continúe siendo un destino confiable y competitivo para los negocios internacionales.
Por otro lado, la dimensión laboral presenta retos estructurales profundos. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha alertado que el trabajo decente sigue siendo una meta lejana para gran parte de la población global, revelando que casi el 58% de los trabajadores del mundo se encuentran en puestos informales, careciendo a menudo de una protección efectiva. En el contexto local, el exministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, sostiene que la solución para generar empleo y desarrollo reside en el diálogo social productivo. Según Carles, la interlocución constante entre el gobierno, los trabajadores y los empleadores es el único camino para generar paz social y estabilidad laboral.
Finalmente, la discusión sobre los recursos naturales ha generado tensiones ideológicas. El empresario Alberto López puso de relieve una contradicción en el discurso de algunos sectores denominados "anti mina", quienes lamentan el aumento del precio de la gasolina y la falta de petróleo en el país. López recordó que Panamá sí posee petróleo, específicamente en la selva del Darién, planteando el dilema sobre la disposición real de la sociedad para extraer dichos recursos en aras de la autosuficiencia energética.
