La Vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, ha generado una fuerte conmoción política tras lanzar duras críticas contra el Gobierno del cual forma parte, a raíz de las revelaciones sobre la polémica adquisición de un avión Embraer ERJ-140LR por parte de la Fuerza Aérea Argentina (FAA). A través de su cuenta en la red social X, la presidenta de la Cámara de Senadores manifestó su indignación ante los detalles de una operación marcada por presuntas irregularidades administrativas, técnicas y financieras.
El conflicto se desencadenó luego de que el medio Clarín publicara los pormenores de la licitación pública en el Exterior 40/03-002-LPU25, destinada a la compra de una aeronave de transporte mediano. Villarruel, quien se encuentra visiblemente distanciada de la Casa Rosada, respondió a la publicación del medio calificando la situación como "gravísimo". En su descargo, la funcionaria señaló que, en años anteriores, situaciones de menor magnitud habían provocado la renuncia de todos los implicados, sugiriendo que el estándar de responsabilidad actual es insuficiente.
Además de cuestionar la transparencia de la compra, Villarruel utilizó el espacio para denunciar la precaria situación económica que atraviesa el personal militar. La Vicepresidenta afirmó que los sueldos de los uniformados "están en el subsuelo" y describió la obra social de las Fuerzas Armadas (OSFA) como "totalmente quebrada". En un tono confrontativo, cerró su primer mensaje preguntándose: "¿A quién responden estos uniformados?", poniendo en duda la cadena de mando y la lealtad de los responsables de la transacción.
La controversia no terminó con el posteo inicial. Al recibir respuestas críticas, principalmente de sectores alineados al oficialismo, Villarruel aprovechó el intercambio para profundizar sus ataques. Al responder a un comentario a su favor, descalificó a sus detractores asegurando que se trataba de "cuentas con pocos usuarios" y añadió: "Nunca pensé que iban a defender lo indefendible. Nada más casta que eso". Con estas palabras, la segunda persona en la jerarquía del Poder Ejecutivo aplicó el concepto de "casta" contra miembros del propio espacio oficialista que intentaban justificar la operación.
En cuanto a los hechos técnicos y financieros que originaron la polémica, la investigación revela que la Fuerza Aérea Argentina pagó la suma de 4.085.000 dólares por la aeronave. Sin embargo, se detectó que un modelo idéntico y en mejores condiciones de conservación se cotizaba en el mercado por 2.300.000 dólares. Esta diferencia representa un sobrecosto de 1.785.000 dólares, lo que equivale a un incremento de casi el 50% sobre el valor real de mercado.
El proceso de adquisición estuvo rodeado de maniobras sospechosas. Según los datos revelados, el presupuesto inicial se fijó deliberadamente en 3,9 millones de dólares. Esta cifra no fue azarosa, sino que habría tenido como objetivo evitar el control obligatorio del Ministerio de Defensa, el cual se activa automáticamente para cualquier compra que supere los 4 millones de dólares.
Asimismo, el tiempo de resolución de la licitación llamó la atención por su celeridad, ya que el proceso se resolvió en apenas dos semanas, favoreciendo a la empresa Regional One Inc. Un dato revelador es que el avión ya se encontraba pintado con los colores oficiales de la Fuerza Aérea Argentina desde el año 2023, es decir, dos años antes de que se iniciara formalmente el concurso de ofertas en mayo de 2025.
Para agravar la situación, las inspecciones técnicas realizadas a la nave mostraron un estado deplorable. Se detectó la presencia de óxido y corrosión en el sistema de frenos, fugas de aceite en el motor, manchas de combustible en las alas y un desgaste excesivo en los controles de mando, lo que pone en duda no solo la transparencia financiera, sino también la seguridad operativa de la aeronave.
Finalmente, la investigación señaló a los responsables directos de esta adquisición. Entre los señalados se encuentran Xavier Julián Isaac, exjefe del Estado Mayor; Francisco Edgardo Leguiza, Comandante de Material; el asesor civil Daniel Sergio Burlas y Rubén Ángel Morado, quien se desempeñaba como encargado de la administración financiera.
