La escena empresarial de la provincia de Mendoza se encuentra atravesando un nuevo capítulo de fragmentación, evidenciando una marcada división de intereses entre las distintas cámaras y organismos que representan al sector productivo. En esta oportunidad, el epicentro de la controversia es la decisión del Gobierno nacional de eliminar el aporte obligatorio destinado al Consejo Interprofesional del Vino Argentino (Coviar), una medida que ha puesto en relieve las tensiones internas de la industria vitivinícola regional.
La Federación Económica de Mendoza (FEM) ha ingresado formalmente en la polémica al manifestar su firme apoyo institucional hacia el Coviar. Desde la entidad expresaron su profunda preocupación ante la implementación de la Resolución 55/2026, emitida por la Secretaría de Agricultura de la Nación, la cual oficializó la eliminación de dicho aporte. Para la FEM, este fondo no representa un simple cargo administrativo, sino que constituye una herramienta estratégica fundamental para el desarrollo de la vitivinicultura, con un impacto que se extiende a lo largo de 18 provincias del país.
En su postura, la FEM ha criticado la medida adoptada por el Gobierno nacional, sugiriendo que, en lugar de eliminar el recurso, se debería avanzar hacia un fortalecimiento de la articulación entre los sectores público y privado. Esta defensa del organismo vitivinícola no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una relación de intereses mutuos ya consolidada entre la Federación y el Consejo.
Esta sintonía entre ambas instituciones quedó reflejada anteriormente en la acción conjunta de sus máximos referentes. Santiago Laugero, presidente de la FEM, y Fabián Ruggeri, presidente del Coviar, habían firmado previamente un documento con un tono crítico dirigido al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. En aquel escrito, los mandatarios expresaron su preocupación por la situación actual que atraviesan las pequeñas y medianas empresas (pymes) de la provincia, marcando así una línea de acción coordinada frente a la gestión provincial.
Sin embargo, el panorama empresarial mendocino está lejos de ser unánime. En la vereda opuesta se encuentra Bodegas de Argentina, que se ha posicionado como la voz institucional más crítica respecto al aporte obligatorio al Coviar. Esta entidad mantiene hace años una interna vitivinícola con el organismo, centrando su disputa en la función real que cumple el Coviar y su eficacia en el cumplimiento del plan vitivinícola. Para Bodegas de Argentina, la eliminación del aporte es vista bajo una óptica distinta a la de la FEM.
A esta postura crítica se ha sumado recientemente el Consejo Empresario Mendocino (CEM). La adhesión del CEM a la crítica sobre el aporte al Coviar también pone de manifiesto las diferencias que existen entre este organismo y la FEM. Las tensiones entre el CEM y la Federación Económica de Mendoza no son nuevas y se han manifestado en otros temas de agenda económica, como ocurrió recientemente con las divergencias respecto a la implementación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
Ante este escenario de polarización y la evidente falta de consenso entre las cámaras empresariales, el Gobierno provincial ha intentado intervenir para mitigar el conflicto. Tras la difusión de la carta enviada al gobernador Cornejo por parte de la FEM y el Coviar, el ministro de Gobierno, Natalia Mema, tomó la iniciativa de convocar a diversos empresarios a Casa de Gobierno.
El objetivo de este encuentro, según se informó, fue buscar la construcción de una agenda común que permita acompañar al sector productivo de manera coherente. La intención de la provincia es lograr que los distintos actores empresariales, a pesar de sus diferencias ideológicas o de intereses sectoriales, puedan converger en un plan de trabajo que beneficie a la industria en su conjunto.
En resumen, la disputa por la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura de la Nación ha servido como detonante para exponer una grieta empresarial preexistente en Mendoza. Mientras la FEM y el Coviar defienden el modelo de financiamiento obligatorio como motor estratégico para 18 provincias, Bodegas de Argentina y el CEM cuestionan la estructura y función del organismo, reflejando una fragmentación que el Gobierno provincial busca resolver a través del diálogo institucional.
