Colombia se encuentra en una encrucijada económica y estratégica fundamental. El país posee una posición geológica privilegiada que lo sitúa dentro del 25% de las naciones con mayor potencial minero a nivel global, una condición que podría transformarse en un motor de desarrollo financiero si se toman las decisiones correctas en el corto plazo. Sin embargo, este potencial conlleva un riesgo latente: que la riqueza mineral termine en manos de estructuras criminales en lugar de fortalecer las arcas del Estado.
Esta advertencia es el eje central del estudio titulado "Regulando para el Estado, no para el crimen: renta fiscal, crimen organizado y minerales críticos en Colombia", desarrollado conjuntamente por Fedesarrollo y el Loom Strategy Centre. La investigación pone de relieve que el rumbo de la política minera y las estrategias de seguridad adoptadas durante los próximos cinco años serán determinantes para definir si el país logra capturar los beneficios económicos de la demanda mundial de minerales estratégicos.
El contexto global es el principal impulsor de esta oportunidad. La transición energética, el avance de la digitalización y el auge de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial han disparado la necesidad de recursos específicos. Minerales como el cobre, el níquel, el niobio y el tantalio se han vuelto esenciales para la fabricación de semiconductores, baterías, vehículos eléctricos, infraestructura eléctrica, centros de datos y equipos de defensa. Según el informe, la demanda internacional sigue en ascenso, estimándose que el consumo mundial de cobre podría incrementarse en un 30% hacia el año 2040.
En este escenario, economías potentes como Estados Unidos, Japón y la Unión Europea están buscando diversificar sus fuentes de suministro para reducir la dependencia de China, país que actualmente concentra gran parte del refinamiento de estos materiales. Colombia, por su ubicación y geología, surge como un proveedor potencial capaz de atraer inversiones extranjeras y generar un recaudo fiscal significativo.
Las cifras proyectadas en el estudio son contundentes. De lograrse un entorno favorable para la inversión formal y se logre frenar la expansión de las economías ilegales, Colombia podría obtener ingresos fiscales entre 10 billones y 19 billones de pesos hacia el año 2050, calculados en valor presente neto. Para dimensionar la magnitud de este recaudo, los investigadores comparan esta cifra con el presupuesto del Ministerio de Ambiente, señalando que equivaldría a entre 10 y 13 años de gasto de dicha entidad, o aproximadamente siete años del presupuesto de inversión destinado a la Policía y Defensa.
No obstante, el camino hacia este escenario ideal no está exento de peligros. El documento advierte sobre la posibilidad de que las organizaciones criminales repliquen el modelo de explotación ilegal que consolidaron con el oro durante la última década. Las estimaciones son alarmantes: la extracción ilícita de oro generó entre 32 billones y 34 billones de pesos durante 2025, lo que representa el 1,9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. El estudio resalta que, si la minería ilegal de oro fuera una empresa formal, se ubicaría entre las cinco organizaciones con mayores ingresos de Colombia, con la diferencia fundamental de que estos recursos no pagan impuestos y alimentan la violencia.
El riesgo ya es tangible. Los autores del informe señalan que grupos armados y estructuras criminales ya han comenzado a incursionar en zonas con alto potencial de minerales críticos, especialmente en el departamento del Guainía, Vichada y en los corredores fronterizos con Venezuela.
Ante esta realidad, Jairo García, investigador principal del estudio de Fedesarrollo, enfatiza la urgencia de actuar. Según García, no existe margen para la espera, pues están en juego cerca de 19 billones de pesos y el rol estratégico de Colombia en la transición energética global. El experto sostiene que se requieren procesos más ágiles y transparentes, así como la construcción de un escenario de confianza y colaboración entre el sector público, la empresa privada y las comunidades locales.
Para mitigar los riesgos, la investigación propone fortalecer la formalización minera, optimizar la coordinación entre las entidades estatales y consolidar mecanismos de relacionamiento con las comunidades, asegurando que los beneficios económicos lleguen efectivamente a los territorios.
Finalmente, el estudio destaca que existe un respaldo social para el desarrollo de esta actividad. Datos de Brújula Minera revelan que el 69% de los colombianos percibe que la minería tiene un impacto positivo para el país, mientras que el 62% apoya el incremento en la exploración y producción de minerales. Además, ocho de cada diez ciudadanos creen que es posible implementar una minería que sea socialmente responsable.
