En el marco de una intensa ofensiva contra las estructuras delictivas que operan en el territorio ecuatoriano, los organismos de seguridad del Estado han mantenido una serie de operativos coordinados que han permitido la captura de figuras clave del crimen organizado. Uno de los sucesos más destacados ocurrió el pasado 17 de mayo de 2026 en la localidad del Guabo, ubicada en la provincia del Oro, donde fuerzas policiales y militares intervinieron una vivienda con el objetivo estratégico de capturar a un presunto cabecilla de la organización criminal conocida como Los Lobos.
Esta acción se desarrolló en un momento crítico, a pocas horas de que finalizara la última jornada del toque de queda implementado en diversas localidades del país. La medida restrictiva, decretada por el presidente de la República, Daniel Noboa, entró en vigor el 3 de mayo y tiene como fecha de conclusión el lunes 18 de mayo. Durante este periodo de 15 días, se establecieron restricciones estrictas de movilidad que rigieron específicamente entre las 23:00 y las 05:00 horas, con el fin de facilitar las operaciones de seguridad y reducir la capacidad de movimiento de los grupos armados.
La disposición presidencial abarcó un amplio espectro geográfico para asegurar la cobertura de las zonas más vulnerables al narcotráfico. El toque de queda se aplicó en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, El Oro, Sucumbíos y Esmeraldas. Asimismo, la medida se extendió a cantones específicos de otras provincias, incluyendo La Maná en Cotopaxi, Las Naves y Echeandía en Bolívar, y La Troncal en la provincia del Cañar.
A pesar de que la medida generó diversos reclamos provenientes de la ciudadanía y de los sectores productivos, quienes señalaron el impacto económico y social de las restricciones, las autoridades gubernamentales han mantenido su postura. El Gobierno ha justificado la implementación de estos toques de queda como una herramienta necesaria y fundamental para enfrentar el avance del narcotráfico y desarticular las redes del crimen organizado que amenazan la estabilidad nacional.
Con el transcurso de la declaratoria, la intensidad de las operaciones militares y policiales se ha incrementado notablemente, concentrando los esfuerzos principalmente en las ciudades de Quito y Guayaquil. Hasta el 17 de mayo, el balance de estas intervenciones refleja cifras significativas en términos de detenciones. Según los reportes oficiales, se han capturado a 671 personas señaladas como presuntos integrantes de diversas estructuras criminales.
Dentro de este grupo de detenidos, las autoridades policiales han identificado a dos individuos considerados como objetivos de alto valor, lo que representa un golpe directo a la jerarquía de las organizaciones delictivas. Además, se ha informado que 81 de los capturados figuran en una lista de personas de interés penal relevante, lo que subraya la efectividad de las inteligencias operativas desplegadas durante estas dos semanas.
No obstante, el reporte policial indica que las detenciones no se limitaron únicamente a los presuntos miembros de bandas criminales. Desde el inicio de la medida el 3 de mayo y hasta el 17 de mayo, un total de 2.971 personas adicionales han sido privadas de su libertad por diversas causas relacionadas con los controles implementados.
En cuanto al marco legal que sostiene estas medidas, el Código Orgánico Integral Penal (Coip) es claro respecto a las consecuencias de desobedecer las órdenes gubernamentales. El incumplimiento del toque de queda puede ser sancionado con una pena de prisión de hasta tres años, bajo la figura del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
Finalmente, el protocolo de actuación para los agentes de seguridad ha sido riguroso. Las autoridades han dejado establecido que, en cualquier escenario donde una persona se resista a un control policial o militar, o intente evadir la acción de las fuerzas del orden, los efectivos podrán actuar conforme a la ley para neutralizar la amenaza, asegurando así el cumplimiento de la disposición presidencial y la seguridad de los operativos en curso.
