El Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, ubicado en la zona 18 de la capital, se convirtió nuevamente en el escenario de graves disturbios este jueves 14 de mayo. Las fuerzas de seguridad se vieron obligadas a intervenir de manera contundente en el recinto carcelario, luego de que se reportaran nuevos incidentes apenas unas horas después de que las autoridades hubieran anunciado públicamente que habían logrado recuperar el control total del penal.
La situación escaló rápidamente durante la jornada del jueves, provocando una movilización inmediata y coordinada de los cuerpos de socorro. Los Bomberos Voluntarios informaron que fueron desplegados hacia el centro carcelario tras recibir múltiples reportes sobre una alteración del orden en el interior de las instalaciones. A través de sus comunicaciones oficiales, los socorristas confirmaron que sus elementos ya se encontraban en estado de apresto en el centro de detención, reportando explícitamente la existencia de un motín en el interior del penal.
El operativo para restablecer la disciplina en el centro tuvo consecuencias directas en la salud de la población interna. Técnicos en Urgencias Médicas de los Bomberos Voluntarios brindaron asistencia inmediata a mujeres privadas de libertad y a sus hijos menores de edad, quienes presentaban cuadros claros de intoxicación provocados por la inhalación de gas lacrimógeno. La intervención de los socorristas hace presumir que los agentes de seguridad utilizaron este recurso químico durante las acciones tácticas emprendidas para retomar el control del centro penitenciario.
La magnitud de los disturbios y la inestabilidad del entorno fueron evidenciadas a través de diversos videos difundidos en redes sociales, en los cuales se observa humo emanando de una de las áreas del complejo carcelario, lo que reforzó los reportes de caos y alteración del orden interno.
Es fundamental señalar que este evento no fue un hecho aislado en la semana. El miércoles previo, los Bomberos Voluntarios ya habían reportado una alteración del orden en el Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa. En aquella ocasión, los Bomberos Municipales también habían intervenido para atender a mujeres que manifestaban síntomas de intoxicación por gases lacrimógenos, lo que sugiere un periodo de alta tensión persistente dentro del recinto.
Para el viernes 15 de mayo, el Sistema Penitenciario (SP) emitió un comunicado oficial informando que el centro ya se encontraba funcionando con normalidad. De acuerdo con la versión de la institución, tras un nuevo intento de alteración del orden ocurrido la noche del jueves, la Fuerza Élite ingresó al centro para mantener el control y el orden. En su reporte, el Sistema Penitenciario afirmó tajantemente que no se registraron personas heridas ni se reportaron evasiones.
Sin embargo, esta versión oficial contrasta significativamente con los datos detallados proporcionados por los diversos cuerpos de socorro que asistieron en el lugar. Los Bomberos Municipales informaron que brindaron atención prehospitalaria, utilizando oxigenoterapia, a más de 10 personas, entre ellas mujeres privadas de libertad y menores de edad, varios de los cuales presentaban dificultades respiratorias agudas debido a los gases.
Por su parte, los Bomberos Voluntarios reportaron la atención de un total de 11 personas, desglosando la cifra en siete mujeres y cuatro niños afectados por la inhalación de gas lacrimógeno. A estos esfuerzos se sumó la intervención de la Cruz Roja Guatemalteca, que estabilizó a 13 personas. De este grupo atendido por la institución humanitaria, seis personas requirieron ser trasladadas a distintos centros asistenciales para recibir una evaluación médica especializada y exhaustiva.
La recurrencia de estos incidentes y la afectación de menores de edad por los agentes químicos utilizados por las fuerzas de seguridad ponen de manifiesto la complejidad de la situación en la zona 18 capitalina. Mientras que el ente gubernamental encargado de las prisiones asegura la normalidad y la ausencia de heridos, las cifras y reportes de los tres servicios de emergencia reflejan una realidad de afectaciones a la salud de reclusas y niños.
