La ciudad de La Paz y la vecina urbe de El Alto fueron el escenario este jueves de una jornada de alta tensión y violencia, marcada por la movilización de miles de mineros asociados en cooperativas. Los manifestantes se desplazaron hacia la sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo con el objetivo de exigir al Gobierno de Bolivia que brinde atención inmediata a una serie de demandas sectoriales, centradas principalmente en la provisión de combustible y explosivos, insumos críticos para el desarrollo de sus actividades productivas.
La protesta se originó en El Alto y avanzó progresivamente hacia el centro de La Paz. Durante el trayecto, la atmósfera estuvo cargada de ruido y peligro, ya que los manifestantes hicieron explotar cargas de dinamita y activaron petardos de manera constante. Este despliegue de fuerza no solo impactó en la seguridad pública, sino que generó fricciones directas con la ciudadanía. En diversos puntos del recorrido, se reportó que algunos mineros respondieron con insultos y agresiones físicas a los transeúntes que cuestionaron la pertinencia de la marcha. Como consecuencia de la movilización, la circulación vehicular quedó interrumpida durante varias horas y numerosos comercios, especialmente en el casco central de la capital, se vieron obligados a cerrar sus puertas.
Ladislao Prado, presidente de la Federación de Cooperativas Mineras de La Paz (Fedecomin), justificó las acciones alegando que se movilizaron por demandas que calificó como justas y necesarias, haciendo hincapié en la necesidad de que se respete la institucionalidad de su organización. No obstante, Prado fue enfático al diferenciar sus reclamos de los de la Central Obrera Boliviana (COB). Mientras que la COB exige un aumento salarial del 20 % y la renuncia del presidente Rodrigo Paz, los mineros cooperativistas se centran en sus necesidades operativas. Esta distinción es fundamental, ya que los cooperativistas, dedicados mayoritariamente a la explotación de oro, operan en zonas asignadas sin depender directamente del Estado, a diferencia de los mineros asalariados que trabajan en empresas públicas o privadas y están integrados en la COB.
El punto crítico de la jornada ocurrió cuando la columna de manifestantes llegó a las inmediaciones de la Casa Grande del Pueblo, sede del Poder Ejecutivo. Allí, las fuerzas del orden habían instalado una barrera policial reforzada con estructuras metálicas para impedir el paso. Los mineros intentaron retirar el cerco por la fuerza, utilizando cargas de dinamita para intentar superar la línea policial. Ante esta situación, los agentes antidisturbios respondieron con el uso de gases lacrimógenos, desencadenando enfrentamientos que se prolongaron por más de dos horas. El saldo de estos choques fue de al menos dos personas arrestadas, a pesar de que, en paralelo a los disturbios, algunos dirigentes del sector ya se encontraban reunidos con autoridades gubernamentales dentro de la sede de Gobierno.
La crisis social se vio agravada por la coincidencia de otras protestas masivas. Un sector de maestros rurales bloqueó la avenida donde se ubica el Ministerio de Educación, exigiendo incrementos salariales y manifestando su rechazo a la descentralización de la educación. Hacia el final de la tarde, los docentes lograron rebasar el cordón policial y violentaron el ingreso al edificio ministerial, provocando destrozos mediante el lanzamiento de piedras y el uso de explosivos, lo que obligó a la evacuación inmediata de todo el personal administrativo. La situación solo pudo controlarse tras la llegada de refuerzos policiales que emplearon gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.
El panorama de inestabilidad se completa con los bloqueos de carreteras mantenidos por campesinos en el altiplano desde hace nueve días, quienes también exigen la renuncia de Rodrigo Paz. A estas acciones se suma una marcha de grupos afines al expresidente Evo Morales que avanza desde la zona altiplánica con la misma demanda. Ante este escenario, el Gobierno informó que la falta de atención médica oportuna, provocada por los bloqueos viales, resultó en la muerte de dos personas el miércoles pasado. Frente a esto, el Ejecutivo ha exigido el levantamiento inmediato de todas las medidas de presión, señalando que estas acciones atentan contra el derecho a la vida, la seguridad y la libre circulación de los ciudadanos.
