La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha hecho pública la aplicación de sanciones administrativas e inhabilitaciones contra cuatro exservidores públicos que se desempeñaban en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en el Banco del Bienestar (BANBIEN). Estas medidas fueron tomadas luego de que se acreditaron formalmente sus participaciones en diversos actos de corrupción, derivando en resoluciones emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Las sanciones impuestas contemplan el veto para ejercer cualquier cargo público por periodos que alcanzan hasta una década, además de la obligación de realizar pagos mediante multas económicas.
De acuerdo con la información difundida, las investigaciones que llevaron a estas sanciones fueron coordinadas y ejecutadas por los Órganos Internos de Control. Dichas indagatorias permitieron detectar irregularidades graves relacionadas con el manejo de los recursos públicos y la gestión de servicios destinados a la ciudadanía. La titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, ha sido enfática al advertir que la institución defenderá estas resoluciones ante cualquier posible impugnación legal que presenten los sancionados, con el objetivo primordial de garantizar y sostener la política de cero impunidad dentro del gobierno.
En lo que respecta al Servicio de Administración Tributaria, las investigaciones se centraron específicamente en la conducta de Víctor R., quien anteriormente fungía como subadministrador de Servicios al Contribuyente. La autoridad competente logró acreditar que este exfuncionario participó activamente en la asignación irregular de citas para la realización de trámites oficiales. El esquema operativo consistía en la utilización de datos personales de contribuyentes que no contaban con un registro previo en el portal oficial de la institución; mediante este método, se gestionaban los turnos de atención de manera externa a los procesos legales establecidos. Debido a que esta acción fue clasificada como una falta administrativa grave, el tribunal determinó imponerle una inhabilitación por un periodo de un año para desempeñar cualquier cargo en el sector público.
Por otro lado, la situación detectada en el Banco del Bienestar resultó ser aún más grave, involucrando a tres exservidores públicos que comprometieron directamente el patrimonio de los usuarios de la institución. Las investigaciones demostraron que, en dos de los casos analizados, se llevaron a cabo retiros de recursos económicos de las cuentas bancarias de los ahorradores sin contar con el consentimiento de las personas cuentahabientes. El monto total de estos retiros ilícitos supera los 275 mil pesos. Sumado a esto, se identificó un tercer caso donde se realizaron conciliaciones bancarias utilizando información que no era verídica. Dada la gravedad de estas faltas y el daño causado a los usuarios, el tribunal aplicó la sanción máxima permitida, que consiste en una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos, además de multas económicas.
En cuanto a las repercusiones financieras, la Secretaría Anticorrupción detalló que las multas económicas fijadas para los cuatro implicados oscilan entre los 25 mil y los 250 mil pesos. La variación en estas cifras depende estrictamente del grado de responsabilidad individual y del daño económico causado, ya sea al erario público o a particulares. Estas sanciones monetarias tienen como propósito resarcir las irregularidades cometidas durante el tiempo que los funcionarios estuvieron en sus respectivos cargos.
Finalmente, la dependencia señaló que, si bien los exfuncionarios poseen el derecho legal de impugnar las resoluciones, la secretaría actuará con firmeza para sostener los castigos, fundamentando que los expedientes cuentan con evidencia sólida y están apegados estrictamente a derecho. Como parte de una estrategia integral para fortalecer la cultura de la honestidad, la institución federal instó a la población a utilizar el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC) para reportar cualquier conducta irregular. La autoridad recordó que la denuncia es un deber cívico indispensable para proteger los recursos públicos, poniendo a disposición la plataforma digital sidec.buengobierno.gob.mx para iniciar procesos de investigación contra funcionarios que incurran en prácticas de cohecho, peculado o abuso de funciones.
