En el municipio de Guanabacoa, La Habana, se desarrolla una situación humanitaria crítica que pone de manifiesto el estado de vulnerabilidad de los veteranos de guerra en Cuba. José García López, un anciano de 78 años, coronel mutilado y miembro de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), se encuentra actualmente agonizando debido a la falta de atención médica, medicamentos y materiales de cura básicos, a pesar de haber dedicado su vida al servicio del sistema actual.
La denuncia sobre el estado del veterano fue difundida por José Díaz Silva, una figura prominente de la oposición cubana y exdirigente político. Según la documentación presentada por Díaz Silva, el deterioro de la salud de García López comenzó tras contraer chikungunya. La situación se volvió crítica cuando el anciano sufrió una caída mientras se encontraba acostado, lo que agravó significativamente su cuadro clínico y lo dejó en un estado de salud delicado y urgente.
Ante la gravedad de la situación, activistas gestionaron la obtención de un certificado médico en la posta del área con el objetivo de presentarlo en el Policlínico Julio Antonio Mella de Guanabacoa. La intención era solicitar los insumos necesarios para realizar las curas pertinentes; sin embargo, la respuesta de las autoridades sanitarias fue tajante: no había disponibilidad de suministros. Esta respuesta ha generado una fuerte indignación entre los denunciantes, quienes sostienen que existe una paradoja brutal en la zona, afirmando que mientras los veteranos mutilados son abandonados a su suerte, existen almacenes en Guanabacoa con recursos médicos guardados que no llegan a los pacientes.
En un giro irónico, quien actualmente brinda la asistencia humana y material a José García López no es el Estado al que sirvió como coronel, sino organizaciones opositoras. El apoyo ha sido coordinado por activistas del Movimiento Democracia (MD), el Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) y promotores de Cuba Decide. José Díaz Silva describió la situación como indignante, señalando que quienes entregaron su salud y vida al sistema hoy son tratados con indiferencia, siendo olvidados y condenados al sufrimiento físico.
Un detalle simbólico que subraya la caída del veterano es su carnet de la ACRC, el cual ha sido fotografiado sobre su extremidad vendada. Dicho documento lleva la firma de Juan Almeida Bosque, el Comandante de la Revolución y presidente fundador de la organización durante dieciséis años, evidenciando el vínculo histórico del paciente con las estructuras del poder revolucionario.
El caso de García López no representa un hecho aislado, sino que se suma a una serie de denuncias sobre el abandono de combatientes. En enero de 2023, se reportó el caso de Rigoberto Sarmiento Guerrero, combatiente del Ejército Rebelde y fundador del PCC, quien a sus 86 años permaneció 21 días encamado en Holguín sin recibir atención médica ni visitas de la ACRC. Asimismo, en abril del presente año, se denunció que el cuerpo de un combatiente cubano en Angola permaneció más de 24 horas sin ser sepultado en el Cementerio de Moa debido a la desatención de las autoridades.
Este escenario se enmarca en el colapso generalizado del sistema de salud pública en la isla. El propio ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, ha admitido la gravedad de la crisis, reconociendo que faltan 461 de los 651 fármacos que integran el Cuadro Básico de Medicamentos. Esto significa que solo el 30% de los medicamentos esenciales están disponibles para la población. La escasez se extiende a insumos básicos, como jeringuillas y materiales de cura, que son inexistentes en muchos policlínicos.
A la crisis sanitaria se suma la precariedad económica. Los veteranos de Angola reciben pensiones mensuales que oscilan entre los 1,500 y 2,000 pesos cubanos, una cifra que, al cambio informal, equivale a menos de cuatro dólares estadounidenses. Este monto resulta totalmente insuficiente para cubrir necesidades básicas de alimentación y salud, haciendo que los medicamentos sean impagables para el pueblo.
José Díaz Silva, quien fue arrestado en marzo de 2022 y condenado a dos años de trabajo correccional antes de ser desterrado a Miami el 24 de diciembre de 2022 con una visa humanitaria, continúa documentando estas violaciones desde el exilio. A través de su labor, exige a la comunidad internacional que se visibilice el caso de José García López, solicitando atención médica inmediata, medicamentos y condiciones humanas dignas para el anciano coronel.
