El Congreso de la República enfrenta un período de baja actividad legislativa, exacerbado por el ambiente electoral previo a las elecciones presidenciales, impactando el avance de proyectos clave para el gobierno y la oposición. Las sesiones en la Cámara de Representantes avanzan lentamente, mientras que el Senado se encuentra en una situación más crítica, incapaz de superar el primer punto del orden del día en más de seis sesiones debido a la reiterada ruptura del quórum durante los debates iniciales.
Uno de los proyectos más afectados es la propuesta de bono escolar, impulsada por la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático. Esta iniciativa busca crear un sistema que permita a niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad elegir entre instituciones educativas públicas o privadas. Sus defensores argumentan que ampliaría el acceso a la educación, mientras que sectores cercanos al gobierno del presidente Gustavo Petro lo consideran contrario al fortalecimiento de la educación pública, profundizando las diferencias dentro del Congreso.
El desarrollo de las sesiones ha seguido un patrón constante: inicios tardíos, extensos debates para completar el quórum y posteriores interrupciones que impiden la votación de los proyectos. En numerosas ocasiones, las sesiones se suspenden al agotarse el tiempo reglamentario sin que se logre avanzar en el trámite legislativo.
La polarización política se ha intensificado, con constantes intercambios entre la senadora Paloma Valencia y el senador Iván Cepeda en la plenaria. Los debates formales han cedido espacio a las confrontaciones políticas, dificultando aún más el avance de la agenda legislativa. El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, ha señalado a congresistas de otros partidos por presuntamente contribuir a la ruptura del quórum o votar en contra de iniciativas de la oposición, generando nuevas tensiones entre las bancadas.
Ante esta situación, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta en la red social X, solicitando acciones frente a la inasistencia de los congresistas. Les solicito a los presidentes de Senado y Cámara pasar las listas de inasistencia a las comisiones y plenarias de las dos Cámaras del Congreso al Consejo de Estado para aplicar la ley sobre inasistencias. El Gobierno ha dado mensajes de urgencia e insistencia a varios proyectos que deben ser respetados y tramitados de acuerdo con las normas , escribió el mandatario.
El pronunciamiento presidencial generó una respuesta inmediata desde el Legislativo. El presidente del Senado, Lidio García, respondió al mensaje del jefe de Estado, señalando que el Ejecutivo no tiene competencias para intervenir en el control interno del Congreso, al tratarse de una rama independiente del poder público. He leído su trino, señor Presidente @petrogustavo. Con el respeto debido, le recuerdo que usted no tiene competencia para verificar quórum ni fiscalizar las asistencias de los congresistas. El Congreso es una rama autónoma e independiente del poder público, y el control de sus miembros corresponde exclusivamente a cada Cámara. El Gobierno puede enviar mensajes de urgencia, y los tramitaremos conforme a la ley. Pero la vigilancia de las asistencias es asunto interno nuestro. Reitero nuestra disposición a debatir los proyectos prioritarios dentro del marco constitucional , señaló García.
Este intercambio evidenció la tensión institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo en medio del estancamiento de la agenda legislativa. La situación no se limita al bono escolar. Iniciativas del Gobierno nacional también permanecen sin avances significativos, como la jurisdicción agraria, que requiere una ley ordinaria para su implementación y que aún no ha sido debatida en plenarias, pese a acuerdos previos en comisiones. De no tramitarse en el actual período legislativo, este proyecto podría hundirse.
De manera similar, la reforma a la ley de competencias, relacionada con la distribución de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), enfrenta dudas sobre su viabilidad política en el corto plazo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, también solicitó a las mesas directivas del Congreso la adopción de medidas disciplinarias frente a las ausencias reiteradas de congresistas, lo que generó nuevas críticas desde la oposición. La senadora María Fernanda Cabal cuestionó la posición del Gobierno, argumentando que el Ministerio del Interior no tiene facultades para intervenir en la organización interna del Legislativo, en referencia a las competencias establecidas por la Constitución.
El Gobierno ha advertido que el estancamiento legislativo afecta iniciativas consideradas clave, como la reforma a la salud, la jurisdicción agraria y la reforma tributaria enfocada en capitales especulativos. Estas propuestas hacen parte de la agenda prioritaria en la recta final del mandato presidencial. A pocos meses del cierre del período legislativo, varias de estas iniciativas siguen sin avances sustanciales, en un escenario marcado por la falta de consensos y la polarización política, poniendo en riesgo la implementación de las políticas prioritarias del gobierno nacional y generando incertidumbre sobre el futuro de la agenda legislativa del país. La falta de acuerdos y la tensión entre las ramas del poder amenazan con dejar importantes proyectos sin resolver, impactando directamente en la vida de los ciudadanos y en el desarrollo del país.
