Tras más de una década de espera, los acreedores del fallido proyecto Arcos del Río, en Guayaquil, denuncian obstáculos por parte del liquidador Carlos Cadena Asencio para lograr una reparación integral. El proyecto, que incluía la construcción de un centro comercial (Oasis, ya entregado) y tres urbanizaciones (Olivos del Río, Ceibos del Río y Veranda del Río), dejó inconclusas más de 1.200 viviendas, sumiendo a cientos de familias en una profunda incertidumbre.
Los afectados se han organizado en tres asociaciones: Asociación Arcos del Río, Asociación de Perjudicados de Terrabienes Urnosa (APTU) y Grupo Ab. Zaruma, representando a un total de 461 lotes en la urbanización Olivos del Río, en su mayoría ya posesionados. Sin embargo, existen otros perjudicados que no se han unido a estos colectivos, según Sandra Farfán, representante de APTU. Además de personas naturales, entre los afectados se encuentran entidades como el Banco General Rumiñahui, el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano y la Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda Pichincha, así como proveedores y organismos estatales como el Municipio de Guayaquil y el Servicio de Rentas Internas.
El 23 de febrero de 2026, los representantes de los perjudicados firmaron un acuerdo transaccional especial con el liquidador Carlos Cadena Asencio y el supervisor del concurso preventivo, Luis Fernández. Este acuerdo establecía un plazo de 60 días para la constitución de un fideicomiso que permitiría la entrega de las escrituras de los terrenos. Como resultado de este acuerdo, los firmantes desistieron de la demanda legal No. 09332-2020-06256, que habían interpuesto previamente en busca de una solución a su problema.
Sin embargo, el plazo acordado expiró el mes pasado sin que el fideicomiso pudiera constituirse debido a diversos obstáculos. Según la representante de APTU, al acudir a una fiduciaria, se les informó que no podían aceptar los terrenos como garantía, sino que requerían un patrimonio en efectivo de al menos $50.000. Esta exigencia no había sido comunicada durante las negociaciones previas.
Nos dijeron que los terrenos servirían como garantía ante la fiduciaria, pero eso era falso y el liquidador lo sabía , denuncia Farfán, expresando la decepción de los afectados, quienes confiaron en la buena fe de Cadena Asencio. A su juicio, el liquidador aprovechó su desconocimiento de los procedimientos legales.
El fideicomiso tenía como objetivo recaudar los valores diferenciales de los lotes, cuyo costo promedio es de $250 por metro cuadrado, es decir, aproximadamente $22.500 por terreno. Esto permitiría a los perjudicados acceder a las escrituras, cubriendo la brecha económica que impide la formalización de la propiedad. Los afectados habían pagado entre el 30% y el valor total de las viviendas (hasta $65.000), abonando entre $16.000 y $32.000, dependiendo de cada caso.
Además, para constituir el fideicomiso, se requería la nómina de las personas que permanecerían en los terrenos de Olivos del Río. Este documento fue entregado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCías) recién el 28 de abril, tras insistentes solicitudes.
Las 18 hectáreas previstas para la construcción de Ceibos del Río y Veranda del Río serían divididas en macrolotes para su adjudicación al Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, a la Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda Pichincha y a otros acreedores. Sin embargo, la nómina proporcionada no incluye los nombres y apellidos de los beneficiarios de los 25 lotes restantes, lo que genera inseguridad entre los perjudicados.
Los afectados denuncian que Carlos Cadena Asencio no ha proporcionado esta información adicional, lo que alimenta su desconfianza. No hacen pública la información, ¿por qué el hermetismo? , se preguntan. Angélica Becilla, otra de las perjudicadas, recuerda que hace 12 años Cadena le advirtió que no se involucrara en el caso, asegurándole que no ganarían.
Los acreedores temen que, al haber vencido el plazo del concordato, se archive el acuerdo concursal y pierdan todo lo invertido. Esta preocupación persiste a pesar de que, el 10 de abril de 2026, solicitaron una prórroga a la SuperCías, sin haber recibido respuesta hasta la fecha.
Miembros de APTU temen ser víctimas de una nueva estafa y cuestionan la gestión de Cadena Asencio por la falta de avances. El abogado Edy Espín considera que el liquidador debería agilizar la entrega de documentos. Olga Haro, otra acreedora, exige que Cadena entregue toda la documentación para terminar este calvario . Mientras tanto, la mayoría de los perjudicados se han posesionado en los lotes, pero carecen de servicios básicos.
EXPRESO intentó obtener la versión de Carlos Cadena Asencio sobre estas acusaciones mediante correo electrónico, pero no recibió respuesta hasta el cierre de esta edición. La situación de los afectados por Arcos del Río continúa siendo crítica, con años de espera y la sensación de que sus esperanzas de una solución justa se desvanecen. La falta de transparencia y la presunta obstrucción por parte del liquidador han generado una profunda indignación y desconfianza entre los perjudicados, quienes exigen una respuesta clara y una solución definitiva a su problema.
