Jorge Ugarte Olivera, conocido como el Profe sobre ruedas , activista de ultraderecha, lideró una movilización el 30 de abril frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que derivó en amenazas directas y agresiones verbales contra el presidente de la institución, Roberto Burneo. La protesta, inicialmente convocada bajo alegaciones de fraude electoral, se trasladó hasta la residencia privada de Burneo, donde los manifestantes lo insultaron y amenazaron de muerte.
Ugarte, utilizando un megáfono, instigó a sus seguidores a hostigar a Burneo y a otros miembros del sistema electoral, incluyendo a Flavio Corvetto. Estamos en la casa de la rata de Burneo a partir de hoy le decimos al sistema corrupto electoral. A Corvetto y a Burneo que estamos vigilando. No van a poder dormir, no van a poder cerrar los ojos. Vamos a pelear hasta el final , declaró.
En un discurso alarmante, Ugarte comparó su protesta con el golpe de Estado militar en Chile de 1973, durante el gobierno de Salvador Allende. El 11 de septiembre de 1973, los militares chilenos sacaron al comunista de Allende de Palacio hecho un cadáver de Palacio. La ciudadanía le exigió a los militares hacerlo. Pedimos hoy golpe cívico militar , afirmó, incitando abiertamente a la intervención de las fuerzas armadas.
Este comportamiento violento no es un incidente aislado en el historial de Ugarte. Reportes policiales de 2020 revelan que fue acusado de agredir a su propio padre con un cuchillo, lo que resultó en una investigación por agresiones contra el grupo familiar y delitos contra la vida en una fiscalía de Villa María del Triunfo.
Además, una trabajadora de un restaurante denunció haber sido agredida físicamente por Ugarte, quien, según el reporte policial, la insultó con lenguaje soez y la arrojó al suelo, causándole lesiones en el brazo. En otra ocasión, durante una transmisión en vivo en su canal de YouTube, agredió física y verbalmente a su invitado, Carlos Ezeta, amenazándolo con un puñetazo si lo denunciaba.
Ugarte también ha sido vinculado a un ataque contra la sede del diario La República en 2025, tras la publicación de un reportaje que evidenciaba la obsolescencia de los trenes adquiridos durante la gestión del entonces alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Sus seguidores pintaron la fachada del periódico en represalia.
A pesar de la gravedad de los hechos, Ugarte asumió la responsabilidad de la protesta en sus redes sociales, pero negó cualquier acto de violencia. Continuó con su discurso sobre el supuesto fraude electoral y reiteró sus amenazas contra las autoridades electorales. Todos los días habrá un peruano que les recordará en su cara los miserables que son y no vamos a parar, no nos van a robar los votos , escribió.
Durante la movilización, los manifestantes portaron pancartas, sartenes y un muñeco gigante que representaba a Roberto Sánchez, candidato con ventaja en las últimas encuestas, utilizando su característico sombrero.
El JNE emitió un comunicado el 1 de mayo, condenando enérgicamente las acciones ocurridas frente a la residencia de su presidente. Estas conductas son inaceptables en un Estado de derecho y constituyen un intento de presión indebida que vulnera la institucionalidad democrática , señaló el comunicado.
El JNE reafirmó el derecho a la protesta pacífica, pero enfatizó que este derecho no ampara comportamientos intimidatorios o amenazantes. Cualquier acción que pretenda ejercer presión o afectar la independencia de la función jurisdiccional será rechazada con firmeza y puesta en conocimiento de las autoridades competentes para las acciones que correspondan , concluyó el comunicado.
La conducta de Jorge Ugarte Olivera ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad, quienes advierten sobre el peligro de la radicalización y la incitación a la violencia en el contexto político actual. Las autoridades competentes deberán investigar a fondo los hechos y tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las autoridades electorales y el respeto a la institucionalidad democrática. La escalada de amenazas y agresiones representa un desafío para el Estado de Derecho y exige una respuesta firme y contundente.
