El allanamiento en las oficinas de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) el pasado martes 28 de abril, protagonizado por el presidente Daniel Noboa y su gabinete, ha generado serias dudas sobre su naturaleza y legitimidad. Lo que debía ser una operación de la Fiscalía se asemeja cada vez más a un montaje, con implicaciones potencialmente graves para la institucionalidad y las garantías ciudadanas.
La imagen del fiscal general Carlos Alarcón, visiblemente desorientado y guiado por el secretario de Integridad, José Julio Neira, durante el operativo, fue ampliamente difundida, revelando la clara subordinación de la Fiscalía al poder Ejecutivo. Este hecho, captado en video y compartido por el ministro del Interior, John Reimberg, expone la desnaturalización de una diligencia que debía manejarse con reserva y bajo la dirección exclusiva del Ministerio Público.
La presencia de ministros como Nataly Morillo (Gobierno), José Julio Neira (Integridad), Michele Sensi-Contugi (Inteligencia) e Inés Manzano (Energía) en el allanamiento, cuestiona el rol de la Fiscalía y sugiere que el Ejecutivo asumió el rol de acusador y juez. La operación se desarrolló como si el poder Ejecutivo fuera el titular de la acción penal pública, relegando a la Fiscalía a un papel secundario.
Intentos de justificación del gobierno, como la afirmación de que los funcionarios llegaron después de que el allanamiento concluyó, contradicen las declaraciones iniciales del ministro Reimberg y no convencen a la comunidad jurídica. La falta de información por parte de la Fiscalía, más allá de un escueto tuit sobre un allanamiento en desarrollo , y la ausencia de resultados concretos, evidencias o listas de implicados, alimentan las sospechas de un montaje.
La ministra de Energía, Inés Manzano, asumió la inusual tarea de informar al país sobre el presunto esquema de corrupción en la CNEL, detallando cifras y nombres de 46 funcionarios identificados como responsables. Sin embargo, al día siguiente, todos los detenidos fueron liberados y las evidencias presentadas resultaron insuficientes para formular cargos.
La situación plantea interrogantes sobre la independencia de la Fiscalía y la posible influencia del Ejecutivo en el proceso judicial. El fiscal general, Carlos Alarcón, se encuentra en un proceso de reelección organizado por un Consejo de Participación Ciudadana controlado por el gobierno, lo que podría comprometer su imparcialidad.
La filtración de nombres de presuntos implicados a medios afines al gobierno, como el gerente Ángel Erazo y el sindicalista Richard Gómez, sugiere una estrategia para dar visibilidad al caso y justificar la operación. Sin embargo, la credibilidad de la versión oficial se ve socavada por el registro de una llamada telefónica al servicio 1800-Delito, que sirvió como base para la denuncia.
La llamada anónima, realizada el mismo día del allanamiento a las 7:20, contenía una lista de 23 nombres completos de presuntos implicados, divididos por oficinas. La falta de grabación de la llamada, debido a un supuesto fallo en el sistema, y la rapidez con la que se obtuvo la auditoría solicitada por la ministra Manzano, levantan sospechas sobre la veracidad de la denuncia.
La situación plantea serias preocupaciones sobre el respeto a las garantías constitucionales y el debido proceso. La posibilidad de que una denuncia anónima, sin pruebas sólidas, pueda justificar un allanamiento y la detención de personas, representa un riesgo para la seguridad jurídica y los derechos ciudadanos.
El gobierno podría estar utilizando el estado de excepción para justificar intervenciones arbitrarias y atropellos, basándose en denuncias anónimas o información poco confiable. La falta de transparencia y la manipulación de la información socavan la confianza en las instituciones y debilitan el estado de derecho.
Si bien es posible que exista un esquema de corrupción en la CNEL, el gobierno debe enfrentarlo con transparencia, respeto a la ley y garantías procesales. La operación en la CNEL, tal como se desarrolló, ha generado más dudas que certezas y pone en riesgo la credibilidad del gobierno y la institucionalidad del país. La comunidad jurídica y la ciudadanía exigen una investigación exhaustiva e independiente para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
