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La Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez anunció su renuncia en bloque, argumentando la falta de condiciones mínimas para continuar con su labor de esclarecer vulneraciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado entre 1979 y 2024. La decisión, calificada de profundamente pesarosa y tomada con sentido de responsabilidad , surge tras semanas de diálogo infructuoso con las autoridades, donde los comisionados presentaron propuestas, antecedentes técnicos y advertencias sobre los riesgos que enfrentaba la instancia.
Según la declaración pública emitida por la comisión, las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos han debilitado significativamente su funcionamiento. Entre las medidas señaladas se encuentran la desarticulación del equipo profesional, cambios en el modelo territorial y el deterioro de las condiciones necesarias para la toma de testimonios. Los comisionados sostienen que estas acciones hacen inviable continuar en coherencia con dicho mandato .
La Comisión Verdad y Niñez fue creada con el objetivo de investigar y esclarecer las vulneraciones sufridas por niños, niñas y adolescentes bajo custodia estatal durante un período que abarca desde 1979 hasta 2024. El proceso busca el reconocimiento de las víctimas y la implementación de medidas de reparación. Los exintegrantes de la comisión enfatizan que su trabajo requiere condiciones específicas, especialmente en lo que respecta a la recolección de testimonios, subrayando que la escucha activa no puede reducirse a un mero trámite, sino que exige confianza, continuidad, especialización y un estricto resguardo ético.
La renuncia colectiva plantea serias dudas sobre la confianza que las víctimas depositaron en la comisión. Los comisionados advierten que lo que está en juego no es solo el funcionamiento de la instancia, sino también la credibilidad del Estado frente a aquellos que, por primera vez, se mostraron dispuestos a compartir sus experiencias. Hoy no está en juego solo una institucionalidad, sino la confianza de personas que, por primera vez, estaban dispuestas a hablar , afirman en su declaración.
Asimismo, los comisionados recalcan que este proceso constituye una tarea de Estado, que trasciende los gobiernos de turno y se alinea con los estándares internacionales en materia de verdad, reparación y garantías de no repetición. Lo que hoy se debilita no es solo una Comisión, sino la respuesta del Estado frente a una deuda histórica , sostienen.
La renuncia se hará efectiva el 15 de mayo, aunque los comisionados se comprometen a realizar una transición ordenada y a entregar los avances alcanzados para facilitar la continuidad del proceso. Su decisión, explican, busca evitar validar medidas que, a su juicio, comprometen el mandato de la comisión. Damos un paso al lado no para abandonar esta responsabilidad, sino para no avalar decisiones que la ponen en riesgo , concluyen.
La declaración de renuncia fue firmada por la presidenta de la instancia, Soledad Larraín, junto a Matías Marchant, M. Estela Ortiz y Judith Sch nsteiner.
El Ministerio de Justicia, por su parte, ofrece una versión distinta del conflicto, atribuyéndolo a problemas de funcionamiento interno, bajo rendimiento en la toma de testimonios y la necesidad de reformular el trabajo de la Comisión. Según una fuente de la cartera, la instancia comenzó a operar en febrero del año pasado, dedicando los primeros seis meses a organizar el proceso de búsqueda de casos. Posteriormente, se contrató a un equipo de 30 profesionales para contactar a personas que habrían sufrido vulneraciones de derechos fundamentales bajo custodia del Estado entre 1979 y 2024.
Sin embargo, desde Justicia sostienen que los resultados obtenidos fueron insatisfactorios. De acuerdo con los antecedentes proporcionados, hasta marzo de 2026 la Comisión había logrado recabar 233 testimonios, lo que equivaldría a un promedio inferior a una persona contactada al mes por cada profesional. Este bajo desempeño, según la cartera, justificó la necesidad de intervenir y reformular el funcionamiento de la Comisión.
En ese contexto, el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, habría presentado una serie de propuestas para mejorar la eficiencia del trabajo, incluyendo la modificación del modelo de gestión y la revisión del esquema de funcionamiento territorial. Desde el ministerio también se planteó la reducción del equipo profesional, manteniendo al menos un encargado por región, y la continuidad de los comisionados bajo una modalidad ad honorem. Esta propuesta, sin embargo, no habría sido aceptada por los comisionados, quienes finalmente optaron por renunciar.
El Ministerio de Justicia estaría considerando la designación de Pedro Natho como nuevo director ejecutivo de la Comisión Verdad y Niñez, con fecha de asunción prevista para el 4 de mayo. Su llegada, según la versión oficial, busca fortalecer el mandato presidencial que creó la instancia y mejorar la eficacia del proceso.
Desde el ministerio recalcan que la reformulación no implica el cierre de la Comisión, sino un rediseño para asegurar la continuidad del trabajo de escucha, análisis y reparación, en el marco de un proceso que mantiene carácter confidencial debido a la naturaleza sensible de los testimonios recogidos. La controversia pone de manifiesto las tensiones entre las expectativas de las víctimas, las limitaciones prácticas de la investigación y las prioridades del gobierno en materia de derechos humanos.
