El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitaron licencias temporales de sus cargos tras las acusaciones vertidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en su contra y la de otros nueve funcionarios estatales. Las acusaciones involucran presuntos nexos con el narcotráfico, conspiración para importar drogas a EE.UU. y posesión de armas, a cambio de apoyo político y sobornos.
Rocha Moya anunció su decisión a través de un video publicado en redes sociales, donde enfatizó su profunda convicción republicana y su deseo de facilitar la investigación que iniciará la Fiscalía General de la República (FGR) en México. Hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador, mientras dure el proceso de investigación. Lo hago desde mi profunda convicción republicana. Lo anterior también lo hago con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación ya citada , declaró.
El gobernador, afiliado al partido Morena, fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, rechazó categóricamente las acusaciones, calificándolas de falsas y dolosas . Aseguró tener la conciencia tranquila y que su vida de trabajo respalda su inocencia. No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco y que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanos , afirmó, defendiendo la labor del Movimiento de Regeneración Nacional.
Las acusaciones, reveladas el pasado miércoles por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, detallan presuntas conspiraciones con líderes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico masivo de narcóticos hacia Estados Unidos. Rocha Moya se defendió afirmando que puede ver a su pueblo y a su familia de frente porque no los ha traicionado y nunca los traicionará , prometiendo demostrar su inocencia ante las instituciones de justicia mexicanas.
De manera simultánea, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también solicitó una licencia provisional, siendo reemplazado en el cargo por Miriam Ramos Villarreal. Esta acción, junto con la del gobernador, se produjo de forma expedita en medio de la creciente tensión política entre México y Estados Unidos.
Además de Rocha Moya y Gámez Mendívil, la lista de acusados incluye al exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y al excomandante de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán. También figuran Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito, todos ellos funcionarios estatales y mandos de seguridad.
La FGR ha anunciado que investigará el caso y ha solicitado a las autoridades estadounidenses todas las pruebas, argumentos, informes y documentos relacionados con las acusaciones. Hasta el momento, la FGR ha declarado que no existe evidencia suficiente para detener a los funcionarios señalados, pero se compromete a analizar exhaustivamente la información proporcionada por Estados Unidos.
La decisión de Rocha Moya y Gámez Mendívil de solicitar licencias temporales se produce en un momento delicado para el estado de Sinaloa, conocido por ser un bastión del Cártel de Sinaloa. Las acusaciones han generado una ola de críticas y preocupación tanto a nivel nacional como internacional, poniendo en entredicho la integridad de las instituciones gubernamentales y la lucha contra el narcotráfico en México.
El gobierno de Morena, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha mantenido una postura de cautela ante las acusaciones, defendiendo la presunción de inocencia de los funcionarios señalados y prometiendo una investigación transparente y exhaustiva. Sin embargo, la oposición ha aprovechado la situación para criticar la política de seguridad del gobierno y exigir una mayor rendición de cuentas.
La situación en Sinaloa plantea serias interrogantes sobre la influencia del crimen organizado en la política y la necesidad de fortalecer las instituciones de justicia para combatir la corrupción y la impunidad. El resultado de la investigación de la FGR y la respuesta del gobierno de México serán cruciales para determinar el futuro político de Rocha Moya, Gámez Mendívil y los demás funcionarios acusados, así como para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar la seguridad y el estado de derecho en el estado de Sinaloa. La comunidad internacional observa de cerca el desarrollo de este caso, que podría tener implicaciones significativas para la cooperación bilateral en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.
