Una auditoría exhaustiva realizada por el PAMI (Programa de Atención Médica Integral) ha revelado una extensa red de fraude en prestaciones oftalmológicas que perjudicó a jubilados en diversas provincias del país. El informe, basado en el cruce de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y auditorías prestacionales, expone maniobras sistemáticas de sobrefacturación, recetas apócrifas y la facturación de servicios que nunca fueron efectivamente realizados, generando un perjuicio económico significativo para el sistema de salud pública.
Las irregularidades detectadas no se limitan a casos aislados, sino que presentan patrones similares en múltiples puntos del territorio nacional, lo que sugiere una organización y planificación detrás de estas prácticas fraudulentas. La auditoría se centró en analizar la correspondencia entre las órdenes médicas emitidas y las prestaciones efectivamente brindadas, así como los costos asociados a cada servicio.
Uno de los principales focos de la investigación fue la sobrefacturación de anteojos. Los prestadores, en muchos casos, recetaban lentes de baja graduación a los afiliados, pero facturaban al PAMI módulos correspondientes a lentes de alta graduación, multiplicando así el valor real de la prestación. Según los auditores, la diferencia entre el módulo real, que tiene un valor de $4.941, y los módulos facturados, que alcanzaron los $27.204, es alarmante y evidencia la intención de obtener beneficios ilícitos.
Además de la sobrefacturación, se identificaron numerosas prestaciones fantasma , es decir, consultas oftalmológicas y estudios que nunca se llevaron a cabo. En algunos casos, hasta el 50% de las órdenes médicas carecía de respaldo clínico, lo que demuestra la magnitud de las irregularidades y la facilidad con la que se manipulaba el sistema. Esta situación no solo implica un despilfarro de recursos públicos, sino que también priva a los jubilados de recibir la atención médica que necesitan.
La investigación también reveló la existencia de circuitos cerrados con posibles conflictos de interés, donde profesionales de la salud y farmacias podrían estar coludidos para llevar a cabo estas prácticas fraudulentas. Asimismo, se detectaron cobros indebidos a afiliados por lentes que, según la normativa vigente, debían ser gratuitos, con valores que en algunos casos alcanzaron cifras exorbitantes, generando un impacto económico negativo en el bolsillo de los jubilados.
Las provincias de Santiago del Estero y Entre Ríos fueron particularmente afectadas por estas irregularidades. En Santiago del Estero, se confirmaron 606 casos de sobrefacturación, con un perjuicio superior a los $10 millones. En Entre Ríos, se registraron 613 casos con recetas sin dioptrías ni sustento médico, lo que pone en evidencia la falta de control y supervisión en la prestación de servicios oftalmológicos.
Las maniobras fraudulentas detectadas forman parte de un proceso de investigación más amplio que ya ha derivado en al menos seis causas judiciales. Uno de los expedientes más avanzados se encuentra en la provincia de Santa Fe, donde se ha solicitado el juicio oral para un médico y una farmacéutica involucrados en el esquema de fraude.
Otros hallazgos de la auditoría incluyeron volúmenes de atención imposibles de justificar, como profesionales que registraron cientos de órdenes médicas en un solo día, lo que sugiere la falsificación de datos y la manipulación del sistema. Ante esta situación, el PAMI ha asegurado que ha reforzado los controles internos y está trabajando para garantizar el uso adecuado de los recursos y proteger los derechos de los afiliados.
El organismo ha implementado nuevas medidas de verificación y supervisión, incluyendo la revisión exhaustiva de las órdenes médicas, la verificación de la identidad de los pacientes y la realización de auditorías sorpresa en los prestadores de servicios. Además, se ha establecido una línea de denuncia para que los afiliados puedan reportar cualquier irregularidad que detecten.
En un contexto de debate sobre la sostenibilidad del sistema de salud pública, el fraude detectado en el PAMI representa un duro golpe para la confianza de los ciudadanos y pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión de los recursos. La investigación continúa en curso y se espera que arroje nuevos resultados en los próximos días, permitiendo identificar a todos los responsables de estas prácticas fraudulentas y llevarlos ante la justicia. El PAMI reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de los afiliados y la garantía de acceso a una atención médica de calidad.
