El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó este miércoles una sanción administrativa de más de 5.300 millones de pesos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro, correspondiente a las elecciones de 2022. La decisión, tomada por una votación de 6-2 en la sala plena, pone fin a una serie de recursos presentados por la defensa de la campaña tras la sanción inicial impuesta en diciembre de 2025. La investigación, liderada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, determinó que la campaña incurrió en violaciones a los topes electorales.
La sanción se divide en diferentes componentes. En primera instancia, el CNE sancionó a Ricardo Roa Barragán, gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, junto con Lucy Aydee Mogollón, tesorera, y María Lucy Soto Caro, auditora interna, por un total de 2.252 millones de pesos. Esta sanción se originó por irregularidades detectadas en la primera vuelta presidencial.
Adicionalmente, se impusieron sanciones por 627 millones de pesos a los mismos directivos por financiación prohibida durante la segunda vuelta, y otros 596 millones de pesos por la violación de los límites establecidos para el gasto electoral. La suma total de estas sanciones asciende a los más de 5.300 millones de pesos confirmados por el CNE.
El movimiento Colombia Humana, fundado por Gustavo Petro, se había allanado a los cargos en un intento por facilitar su inscripción legal como partido político dentro del Pacto Histórico, optando por pagar una parte de la sanción. Andrea Camila Vargas de la Hoz, secretaria general y representante legal del movimiento, comunicó al CNE el desistimiento de los recursos de reposición y la renuncia a los términos procesales, aceptando la firmeza del acto administrativo sancionatorio.
Sin embargo, Ricardo Roa fue el directivo más afectado por la decisión final. El CNE determinó que deberá devolver al Estado 165 millones de pesos correspondientes al pago realizado por el Evento Movistar Arena del 19 de junio de 2022 . Según la investigación, este gasto se realizó el día de las elecciones y no se consideró parte de la campaña presidencial. Roa había efectuado el pago con su tarjeta de crédito y posteriormente recibió la devolución del dinero, pero los magistrados del CNE consideraron que la operación no se ajustaba a las normas electorales.
Esta resolución marca un precedente en la historia política de Colombia, siendo la primera vez que el CNE impone una sanción pecuniaria de esta magnitud a una campaña presidencial, y más aún a la de un jefe de Estado en ejercicio. La decisión del CNE se produjo en paralelo al archivo de la investigación contra el presidente Gustavo Petro por el mismo caso, llevada a cabo por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, la cual argumentó que las irregularidades ocurrieron sin el conocimiento del mandatario.
A pesar de archivar la investigación contra el presidente Petro, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara compulsará copias a la Fiscalía para que continúe investigando a Ricardo Roa, en relación con las irregularidades detectadas en el manejo de los recursos de la campaña.
La confirmación de la sanción por parte del CNE representa un duro golpe para la campaña presidencial de Gustavo Petro y sus directivos, y abre un nuevo capítulo en el debate sobre la financiación y los límites del gasto electoral en Colombia. La decisión del CNE subraya la importancia de la transparencia y el cumplimiento de las normas en los procesos electorales, y podría tener implicaciones significativas para futuras campañas presidenciales. La investigación y la posterior sanción han generado un intenso debate público sobre la legalidad de las prácticas de financiación de las campañas políticas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión por parte de las autoridades electorales. El caso también pone de manifiesto la complejidad de la legislación electoral y la importancia de una interpretación rigurosa de las normas para garantizar la equidad y la transparencia en los procesos democráticos.
