Una quincena de diputados del oficialismo presentó esta mañana una denuncia penal contra la diputada Marcela Pagano (Coherencia) por omisión maliciosa de datos en la declaración jurada patrimonial, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública, y enriquecimiento ilícito de funcionario público . La denuncia también incluye a su pareja, el abogado Franco Bindi, como instigador y cómplice necesario de estos delitos.
La presentación, impulsada por diputados como Lilia Lemoine, Celeste Ponce y Santiago Santurio, fue radicada ante el fuero Criminal y Correccional Federal, competente para investigar delitos cometidos por funcionarios nacionales en ejercicio de sus funciones.
Los denunciantes argumentan que la denuncia se basa en tres hechos objetivos que surgen de las propias declaraciones juradas de Pagano: la desaparición sin trazabilidad del depto. 2011 en sucesivos instrumentos; la omisión total y reiterada de los bienes de su conviviente, Franco Agustín Bindi, a pesar de la obligación legal; y la declaración ficticia de una tenencia en divisas inmutable durante dos años de intensa actividad patrimonial, con una fecha de origen considerada manifiestamente imposible . Según los denunciantes, ninguno de estos hechos requiere prueba adicional, ya que emergen de la lectura comparada de documentos públicos emitidos por la Oficina Anticorrupción.
Esta acción del oficialismo se produce en un contexto de tensiones, tras adelantar que lanzaría un ataque contra diputados opositores como parte de su defensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito y viajes al exterior. La denuncia contra Pagano se enmarca en esta estrategia de escudar a Adorni durante el informe de gestión que presenta hoy en el Congreso.
Pagano, quien previamente integró el bloque de La Libertad Avanza y fue la denunciante original de Adorni por la adquisición de una casa en el country Golf Club Indio Cua, de Exaltación de la Cruz, se había convertido en un objetivo claro del oficialismo. Sin embargo, la diputada no se encontraba en la Cámara baja durante el inicio del informe de Adorni, sino que se trasladó a los tribunales federales de Comodoro Py para aportar más elementos sobre el enriquecimiento ilícito que se le atribuye al jefe de Gabinete.
Los denunciantes sostienen que Pagano habría utilizado su mandato parlamentario para enriquecerse a expensas del erario público, valiéndose de su conviviente, Franco Agustín Bindi, como instrumento central de este mecanismo. Alegan que intentó ocultar este crecimiento patrimonial presentando declaraciones juradas patrimoniales sistemáticamente incompletas , omitiendo bienes propios y los de su grupo familiar.
Además, el oficialismo afirma que Bindi está vinculado con funcionarios de Venezuela, Rusia y Bolivia, lo que sugiere la posibilidad de que el enriquecimiento ilícito denunciado tenga, al menos en parte, financiamiento de origen extranjero .
La denuncia presenta algunas particularidades. Los diputados libertarios señalan que las omisiones detectadas en las declaraciones juradas de Pagano son similares a las que tampoco habría cumplimentado Adorni. Su ausencia total en los tres instrumentos públicos presentados configura prima facie la omisión maliciosa de datos prevista en el art. 268(3) CP , afirman.
La situación se repite con respecto a los bienes de Bindi. La omisión sistemática de los bienes del conviviente en tres instrumentos sucesivos configura la conducta tipificada en el art. 268(3) CP y la infracción al deber impuesto por el art. 6 inc. c) de la Ley N 25.188 , enfatizan.
Pagano ya había puesto el foco en este punto al denunciar la compra de la casa en Exaltación de la Cruz a nombre de la esposa de Adorni. De hecho, el anexo reservado donde Adorni debía consignar el patrimonio de Bettina Angeletti fue incorporado con demoras ante la Oficina Anticorrupción, tras revelarse la compra de la propiedad en el country.
La denuncia también incluye acusaciones adicionales contra Pagano, mencionando a cuatro personas contratadas como personal de apoyo en la Cámara baja, vinculándolas con empresas de Bindi y presuntos agentes de inteligencia. Se afirma que, una vez percibidos sus honorarios con fondos públicos, estas personas habrían reintegrado total o parcialmente dichos montos a Bindi y Pagano. Esta acusación sugiere un posible esquema de desvío de fondos públicos a través de contrataciones irregulares.
