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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República aprobó el archivo de las denuncias constitucionales presentadas contra Dina Boluarte, exmandataria, por presuntas infracciones a la Constitución y delitos de corrupción cometidos durante su gestión. Las denuncias fueron interpuestas por los congresistas Juan Burgos (Podemos Perú) y Edwin Martínez (Acción Popular), generando un nuevo capítulo en la controversia política que ha rodeado a la exjefa de Estado.
La denuncia 516, originada por el legislador de Podemos Perú, no se limitó a la exmandataria, sino que también incluyó a su ex primer ministro, Gustavo Adrianzén. Ambos fueron acusados de vulnerar los artículos 28, 38 y 118 de la Constitución, disposiciones relacionadas con el respeto irrestricto a la Carta Magna y el correcto ejercicio de la función presidencial. Las acusaciones apuntaban a posibles acciones que habrían comprometido la legalidad y la transparencia durante el mandato de Boluarte.
Por su parte, la denuncia constitucional 657, presentada por el congresista de Acción Popular, amplió el alcance de las acusaciones al incluir a los exministros de Economía y Transportes, Raúl Pérez-Reyes, y al exministro de Transportes, César Sandoval. Estos funcionarios fueron señalados de haber cometido infracciones constitucionales y delitos de corrupción en perjuicio del Estado, lo que sugiere una posible red de irregularidades que involucraría a altos cargos del gobierno anterior.
La decisión de archivar las denuncias se tomó en una sesión virtual, donde se registraron nueve votos a favor y tres en contra. Este resultado refleja una clara división dentro de la subcomisión, con un predominio de legisladores que optaron por dar por concluidas las investigaciones en contra de Boluarte y sus colaboradores. La votación subraya la complejidad del panorama político y la dificultad de avanzar en la búsqueda de responsabilidades por las acciones realizadas durante el gobierno anterior.
Este no es el primer intento de blindar a Dina Boluarte en la SAC. En mayo de 2025, la subcomisión ya había aprobado el archivo de una denuncia constitucional vinculada al denominado caso Rolex , con 14 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención. El informe final de esa denuncia, elaborado por la congresista fujimorista Nilza Chacón, argumentó que no existían indicios suficientes para determinar que Boluarte había cometido delitos de corrupción. Esta decisión generó críticas por parte de la oposición, que acusó a la subcomisión de proteger a la exmandataria y de obstaculizar la investigación de posibles actos ilícitos.
Posteriormente, en septiembre del mismo año, Boluarte volvió a ser protegida en la SAC, cuando se decidió no proseguir con las investigaciones en su contra por las más de 50 muertes registradas durante las protestas en rechazo a su gobierno entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. La votación fue ajustada, con 12 votos a favor y 10 en contra, lo que evidencia la polarización existente en torno a este tema. La decisión de no investigar las muertes durante las protestas fue ampliamente criticada por organizaciones de derechos humanos y por familiares de las víctimas, quienes exigieron justicia y transparencia en la investigación de los hechos.
En ambos casos, los votos a favor del archivo provinieron principalmente de las bancadas de Alianza para el Progreso (APP) y Fuerza Popular, lo que sugiere una estrategia coordinada para proteger a la exmandataria de posibles sanciones penales o políticas. La alineación de estas bancadas en defensa de Boluarte plantea interrogantes sobre sus motivaciones y sobre la independencia de la SAC para llevar a cabo investigaciones imparciales.
El archivo de estas denuncias constitucionales representa un revés para los esfuerzos por esclarecer las posibles irregularidades cometidas durante el gobierno de Dina Boluarte. Si bien la decisión de la SAC no implica necesariamente que la exmandataria sea inocente, sí significa que no se continuará con la investigación en el Congreso de la República. Esto podría dificultar la posibilidad de que Boluarte sea sometida a juicio por los delitos que se le imputan, a menos que se presenten nuevas pruebas o que el Ministerio Público decida iniciar una investigación independiente.
La controversia en torno a Dina Boluarte y sus colaboradores continúa generando debate en la opinión pública y en el ámbito político. La decisión de la SAC de archivar las denuncias constitucionales ha sido criticada por la oposición y por organizaciones de la sociedad civil, quienes consideran que se está impidiendo el acceso a la justicia y que se está protegiendo a los responsables de posibles actos de corrupción. El futuro político de Boluarte y de sus colaboradores sigue siendo incierto, y dependerá en gran medida de los resultados de las investigaciones que puedan llevar a cabo otras instituciones del Estado.
