Buenos Aires El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó un extenso informe escrito ante la Cámara de Diputados en respuesta a un interrogatorio sobre su patrimonio y las causas judiciales en las que se encuentra involucrado. Sin embargo, la presentación, de 1936 páginas, se caracterizó por respuestas breves y la reiterada remisión a información reservada o a expedientes judiciales en trámite, anticipando la postura que defenderá hoy personalmente ante los legisladores.
La oposición centró sus preguntas en las presuntas omisiones en la última declaración jurada patrimonial de Adorni, específicamente en la adquisición de una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, en noviembre de 2024, y un departamento en Caballito donde reside actualmente. Adorni respondió que los bienes pertenecientes a su cónyuge, Bettina Angeletti, o al grupo familiar, se detallan en un anexo reservado de la declaración jurada, documento confidencial según la ley de ética pública, accesible únicamente a la Justicia, que ya investiga una causa por enriquecimiento ilícito iniciada en 2026.
La presentación de este anexo reservado se demoró, y se constató que Angeletti adquirió la casa en Indio Cuá el 15 de noviembre de 2024. Adorni debió haber informado esta adquisición en el anexo reservado de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) el año pasado, pero no lo hizo, según informó LA NACION el 14 de abril pasado. De esta manera, el jefe de Gabinete no ofreció detalles públicos sobre la composición de su patrimonio ni el origen de los fondos utilizados para las adquisiciones, delegando la explicación al ámbito judicial.
En relación al viaje a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval de 2026, realizado en un avión privado, Adorni tampoco aportó precisiones. El informe evitó confirmar quién financió el viaje, argumentando que se trata de un asunto personal. Esta evasiva se produce en un contexto de inconsistencias, ya que mientras Adorni aseguró haber costeado los pasajes de su familia, el piloto del vuelo declaró ante la Justicia que el pago fue realizado por el empresario Marcelo Grandío.
Ante esta contradicción, el informe se limitó a señalar que el Estado no registra ningún pago de costos por traslados personales del funcionario, considerándolos erogaciones privadas, y que no existen registros de viajes financiados por terceros ante la Oficina Anticorrupción.
La oposición también indagó sobre el vínculo entre Adorni y Grandío, y la posible existencia de contratos con el Estado, en particular con la TV Pública, que pudieran generar un conflicto de interés. Adorni negó la existencia de contrataciones entre Radio y Televisión Argentina (RTA) y el empresario, remitiendo a respuestas previas sin aportar documentación adicional.
Adorni recurrió a un argumento institucional para limitar el alcance de las preguntas, sosteniendo que las consultas vinculadas a hechos ocurridos durante su etapa como vocero presidencial no corresponden a su rol actual y, por lo tanto, no deben ser respondidas en el marco del informe de gestión.
Asimismo, el jefe de Gabinete eludió dar detalles sobre la causa de la criptomoneda $LIBRA, que investiga una presunta megaestafa en la que estaría involucrado el presidente Javier Milei. Adorni argumentó que la divulgación de información por parte del Poder Ejecutivo podría comprometer la integridad de la investigación y los derechos de las personas involucradas, y que muchas preguntas se basan en filtraciones periodísticas no verificadas.
Adorni también puso en duda la pericia sobre el teléfono de Mauricio Novelli, uno de los impulsores del criptoactivo y cercano a Milei, y rechazó la existencia de un contrato o acuerdo entre el Presidente y los creadores del proyecto, afirmando que no existen constancias de ningún instrumento de esa naturaleza .
En cuanto a las acusaciones de sobreprecios y fraude en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Adorni se limitó a indicar que los hallazgos fueron remitidos al Juzgado Criminal y Correccional Federal N 11 y a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 5, donde se encuentra en trámite la causa judicial.
El Gobierno detalló que el 20% de las respuestas de Adorni se refieren a asuntos económicos, un 15% a salud, un 13% a seguridad, un 12% a políticas sociales, un 12% a temas de Justicia, un 9% a seguridad social, un 8% a Defensa, un 6% a educación y un 5% a temas personales y judiciales.
La presentación de Adorni, marcada por la evasión y la judicialización de las preguntas, anticipa un tenso debate en la Cámara de Diputados, donde se espera que el jefe de Gabinete sea presionado a brindar explicaciones más claras y detalladas sobre su patrimonio, sus vínculos y las acusaciones en su contra. La oposición ya ha anunciado que buscará profundizar la investigación y exigir respuestas concretas, mientras que el Gobierno defiende la estrategia de Adorni como una forma de proteger la integridad de las investigaciones judiciales en curso.
