El Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó las multas y sanciones impuestas a los principales responsables de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, tras revisar los recursos de apelación presentados. La decisión, tomada con una votación de 6 a 3, confirma las acusaciones de superar significativamente los límites de financiación, incurrir en financiación prohibida, omitir reportes y manipular la contabilidad de la campaña.
La sanción original, impuesta en noviembre de 2025, fue respaldada nuevamente por Altus Baquero, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Benjamín Ortiz (ponente), Álvaro Hernán Prada y el conjuez Majer Abushihab. En contra votaron Cristian Quiroz, Fabiola Márquez y el conjuez Jorge Acuña, manteniendo la misma postura que en la decisión inicial.
El fallo definitivo afecta directamente a Ricardo Roa Barragán, gerente de la campaña; Lucy Aydee Mogollón, tesorera; y María Lucy Soto Caro, auditora interna. El CNE determinó que la campaña Petro Presidente 2022 excedió los límites establecidos por la Resolución 0694 de 2022 tanto en la primera como en la segunda vuelta presidencial.
En la primera vuelta, el exceso en los ingresos y gastos ascendió a $2.459 millones, mientras que los valores no reportados alcanzaron los $2.611 millones. Esto resultó en una orden para que la campaña restituya $2.447 millones al Estado. Para la segunda vuelta, el sobrepaso fue de $583 millones y la omisión en el reporte de gastos llegó a $1.087 millones, elevando el total de irregularidades a más de $3.500 millones.
La investigación del CNE reveló una serie de gastos no declarados que contribuyeron a superar los límites de financiación. Entre estos se incluyen pagos a testigos electorales, aportes de personas jurídicas (prohibidos por la ley) y costos de transporte aéreo no reportados. Además, se constató que parte de los recursos utilizados provenían de fuentes prohibidas y que se ocultaron contribuciones que debían haber sido declaradas.
Un caso particularmente significativo es el aporte de $500 millones realizado por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). Este dinero ingresó a través del movimiento Colombia Humana y se utilizó para financiar gastos de la campaña, a pesar de que la legislación colombiana prohíbe expresamente que personas jurídicas financien campañas presidenciales.
Asimismo, se detectaron aportes omitidos de la Unión Sindical Obrera (USO) por más de $500 millones en ambas vueltas, destinados a cubrir gastos de transporte, alimentación y logística. Estos aportes tampoco fueron reportados al CNE, violando las normas de transparencia en la financiación electoral.
Otro hallazgo importante fue la detección de pagos no declarados a testigos electorales por un total de $931 millones en la primera vuelta y $177 millones en la segunda, gestionados a través de la empresa Ingenial Media S.A.S. Estos pagos, que buscaban incentivar el voto a favor de la campaña, no fueron incluidos en los reportes de gastos, lo que constituye una clara violación de las normas electorales.
El CNE también determinó que la campaña Petro Presidente 2022 incurrió en prácticas contables diseñadas para distorsionar su situación financiera real. Un ejemplo de ello es la factura de Caracol TV por $356 millones, que inicialmente se omitió para liberar espacio en los registros y luego se volvió a incluir, evidenciando que se habían superado los límites de financiación establecidos.
Las irregularidades también se extendieron al evento de cierre de campaña realizado el 19 de junio de 2022 en el Movistar Arena. Si bien la campaña reportó un gasto de $150 millones, omitió otros $100 millones que, según el CNE, fueron asumidos por la empresa ServiRed S.A.S. El organismo electoral concluyó que estos recursos deben ser reintegrados al Estado, ya que corresponden a gastos efectuados después del cierre oficial de la campaña y constituyen aportes provenientes de una persona jurídica.
En resumen, la investigación del CNE reveló un patrón sistemático de irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022, que incluyó el exceso de los límites de financiación, la recepción de aportes prohibidos, la omisión de reportes y la manipulación de la contabilidad. La confirmación de las sanciones por parte del CNE representa un duro golpe para la campaña y sus responsables, y sienta un precedente importante en la lucha contra la financiación ilegal en la política colombiana. La restitución de los fondos al Estado busca garantizar la transparencia y la equidad en los procesos electorales futuros.
