Fiscalía investiga contratos ONPE
Personal del Ministerio Público realizó diligencias este miércoles en la sede central de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como parte de la investigación por presuntas irregularidades ocurridas durante las elecciones generales del 12 de abril pasado. La operación, llevada a cabo por el primer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción con el apoyo de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú, se centró en la exhibición de documentos relacionados con nuevos contratos entre la ONPE y proveedores de servicios vinculados a dichos comicios.
La investigación preliminar apunta a un presunto delito de colusión agravada que involucraría a Piero Corvetto, exjefe de la ONPE, José Samamé, también exfuncionario de la institución, y otros individuos aún no identificados. Las diligencias buscan recabar información que pueda esclarecer las circunstancias de estos contratos y determinar si existió alguna irregularidad en su adjudicación o ejecución.
El fiscal Reynaldo Abias, a cargo de la investigación, declaró a la prensa que la ONPE ha brindado toda la colaboración necesaria para llevar a cabo las diligencias. He tenido conversaciones con el jefe del ONPE encargado y nos está brindando todas las facilidades para poder extraer la información, con el único interés de llegar a la verdad , afirmó el fiscal Abias.
Abias enfatizó la importancia de separar la investigación de las responsabilidades actuales de la ONPE, que se encuentra en plena preparación para la segunda vuelta electoral. Estamos pidiendo la exhibición de documentos y estamos buscando porque ellos tienen una misión importante ahora en este proceso electoral, que es la segunda vuelta, tenemos que buscar y separar. Que ellos cumplan su labor y nosotros trabajar en lo que nos corresponde , añadió.
La fiscalía busca determinar si los contratos examinados se realizaron siguiendo los procedimientos legales establecidos y si se respetaron los principios de transparencia y concurrencia. Se investiga si existió algún tipo de acuerdo ilícito entre funcionarios de la ONPE y los proveedores de servicios para favorecer a determinadas empresas en la adjudicación de contratos.
La operación fiscal se produce en un momento de alta sensibilidad política, tras las controversias generadas por los resultados de las elecciones generales del 12 de abril y las denuncias de irregularidades presentadas por diversos partidos políticos. La investigación busca garantizar la transparencia y la legalidad en los procesos electorales, así como fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.
La ONPE, por su parte, ha emitido un comunicado en el que reafirma su compromiso con la transparencia y la legalidad, y se pone a disposición de las autoridades para colaborar en la investigación. La institución electoral ha asegurado que continuará trabajando en la organización de la segunda vuelta electoral, garantizando el cumplimiento de los plazos y los estándares de calidad establecidos.
Paralelamente a las diligencias en la ONPE, la Fiscalía ha iniciado otras líneas de investigación relacionadas con las elecciones generales del 12 de abril, incluyendo el análisis de los resultados electorales y las denuncias de presuntas violaciones a la ley electoral. Se espera que en los próximos días se realicen nuevas operaciones y se citen a declarar a más funcionarios y proveedores de servicios.
La investigación fiscal se centra en la revisión exhaustiva de los contratos firmados por la ONPE con empresas proveedoras de bienes y servicios esenciales para la realización de las elecciones, como la impresión de actas, el alquiler de locales de votación, el transporte de materiales electorales y la contratación de personal temporal. Se busca determinar si los precios pagados por estos bienes y servicios fueron justos y razonables, y si se cumplieron con los requisitos técnicos y legales establecidos.
Además, la fiscalía investiga si existió algún tipo de conflicto de interés en la adjudicación de los contratos, es decir, si algún funcionario de la ONPE tenía vínculos personales o comerciales con los proveedores de servicios favorecidos. Se analiza si se realizaron las declaraciones juradas correspondientes para evitar este tipo de situaciones y si se tomaron las medidas necesarias para garantizar la imparcialidad en los procesos de contratación.
La investigación también se extiende a la revisión de los procesos de selección de los miembros de mesa, quienes son los encargados de supervisar el desarrollo de las elecciones en los locales de votación. Se busca determinar si se cumplieron con los requisitos establecidos en la ley para la selección de los miembros de mesa y si se evitaron posibles actos de manipulación o influencia indebida.
En un comunicado reciente, la ONPE informó sobre la publicación de los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales del 2026, destacando la importancia de la participación ciudadana en este proceso. Este anuncio se produce en medio de la investigación fiscal, lo que ha generado interrogantes sobre la transparencia y la legalidad de los procesos internos de la institución electoral.
La fiscalía ha asegurado que la investigación se llevará a cabo con total imparcialidad y transparencia, y que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar el debido proceso y los derechos de los investigados. Se espera que los resultados de la investigación permitan esclarecer las presuntas irregularidades ocurridas durante las elecciones generales del 12 de abril y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.
