El Ministerio de Hacienda avanza con un plan de austeridad fiscal que incluye recortes en cerca de 260 programas gubernamentales, generando tensiones tanto en la oposición como dentro del oficialismo. La propuesta del ministro Jorge Quiroz afecta áreas clave como Desarrollo Social, Educación, Seguridad, Deportes y Transportes, con un impacto potencial en beneficios sociales que ha desatado críticas.
La hoja de ruta de austeridad, según fuentes consultadas por BioBioChile, contempla ajustes que podrían alcanzar hasta el 15% en varios programas. Lo que inicialmente se percibía como una posible revisión de iniciativas de menor envergadura, ha escalado a la inclusión de políticas emblemáticas y sensibles, como la Pensión Garantizada Universal (PGU). Esta última decisión es particularmente polémica, considerando las declaraciones del propio presidente José Antonio Kast durante su campaña, donde aseguró que el beneficio no sería objeto de recortes.
El martes pasado, los primeros recortes efectivos se materializaron en el Ministerio de Desarrollo Social. Una circular firmada por el ministro Quiroz instruyó la contención del gasto, priorizando la reducción del programa de ajuar para recién nacidos. Sin embargo, este no sería el único programa afectado. También se prevén ajustes en otros programas de apoyo directo a hogares vulnerables, así como en líneas administradas por el Instituto de Previsión Social (IPS), lo que genera preocupación por el impacto en el sistema de protección social.
El ajuste fiscal también alcanza al ámbito educacional. Becas estudiantiles como Vocación Profesor, Juan Gómez Millas y la beca para hijos de profesionales de la educación se encuentran en la lista de programas susceptibles de recorte. Además, iniciativas como los Liceos Bicentenario y el financiamiento del Museo Interactivo Mirador (MIM) también podrían verse afectados. Incluso organismos de fomento productivo como Corfo y Crédito MiPyme entrarían en la lógica de ajuste.
La posible afectación de la PGU es el punto más delicado de la propuesta. Más allá del alcance específico del ajuste que propone Quiroz, el solo hecho de que el beneficio esté bajo evaluación tensiona la narrativa oficial. Durante su campaña presidencial, Kast defendió categóricamente la continuidad de la PGU, criticando la gestión del entonces presidente Gabriel Boric. La revisión de este beneficio, por lo tanto, representa un giro significativo en la política del gobierno actual.
Además de las áreas mencionadas, el plan de austeridad también salpica a otras áreas como Seguridad Pública, Deportes, políticas de género y Transportes. Programas dependientes del Ministerio del Deporte, iniciativas del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, así como planes asociados a movilidad y conectividad, formarían parte del paquete de revisión presupuestaria. En Seguridad, el foco estaría en optimizar recursos en un contexto de creciente demanda ciudadana por el control del delito.
El Ejecutivo justifica el ajuste como una necesidad de ordenar las cuentas públicas, argumentando un sostenido malgasto de recursos por parte del gobierno anterior. Sin embargo, el desafío para el gobierno de Kast radica en equilibrar la urgencia fiscal con el impacto inmediato en programas sociales y su credibilidad política. Convencer a la ciudadanía de que cada peso recortado mejora el balance fiscal se presenta como una tarea compleja.
La comunicación del gobierno se ha visto desafiada por la controversia, con la vocera Mara Sedini como la integrante del Gabinete con la peor evaluación ciudadana. La falta de claridad en la explicación de los recortes y su impacto potencial ha generado incertidumbre y críticas.
El plan de Jorge Quiroz avanza entre cifras, circulares y filtraciones, mientras el ruido político aumenta. La decisión no solo se mide en porcentajes, sino también en la evaluación ciudadana de un gobierno que apenas ha superado la etapa inicial de su mandato. La capacidad del gobierno para comunicar eficazmente sus medidas y mitigar el impacto social de los recortes será crucial para mantener la confianza pública y evitar un deterioro en su popularidad.
La situación plantea un escenario complejo para el gobierno de Kast, que deberá navegar entre las presiones fiscales, las demandas sociales y las expectativas generadas durante su campaña presidencial. La austeridad fiscal, si bien necesaria para ordenar las cuentas públicas, podría tener consecuencias políticas significativas si no se gestiona de manera transparente y equitativa. El futuro de programas sociales clave como la PGU y las becas estudiantiles pende de un hilo, mientras la ciudadanía observa atentamente los próximos movimientos del gobierno.
