El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 415 del 20 de abril de 2026, frenando el traslado inmediato de $25 billones desde los fondos privados de pensiones, administrados por Asofondos, hacia Colpensiones. La decisión, tomada por el magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar, responde a una demanda presentada por el ciudadano Jesús Hernando Baena Álvarez y detiene un movimiento que el Gobierno del presidente Gustavo Petro pretendía ejecutar en un plazo de 15 a 30 días.
La providencia del Consejo de Estado señala que el artículo 2 del Decreto 415 contradice directamente lo establecido en la Ley 2381 de 2024, la misma reforma pensional impulsada por el Gobierno Petro. Esta ley determina que los recursos de las cuentas de ahorro individual de quienes optaron por la ventana de oportunidad de traslado deben permanecer en los fondos privados hasta que cada afiliado consolide su derecho a la pensión. El decreto gubernamental, al ordenar el traslado antes de la consolidación de la pensión, modificaba una regla ya establecida por ley, lo cual fue considerado una extralimitación de funciones por parte del Consejo de Estado.
El alto tribunal recordó que el presidente tiene la facultad de reglamentar las leyes para su aplicación, pero no de alterar su contenido o reemplazar decisiones que corresponden al Congreso de la República. La decisión se fundamenta en el artículo 76 de la reforma pensional, que, según el Consejo de Estado, establece claramente que los recursos de quienes utilizaron la ventana de oportunidad deben ser administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hasta el momento de la consolidación de la pensión.
Detrás de estos $25 billones se encuentran los ahorros de 120.000 trabajadores que, de manera excepcional, aprovecharon la ventana de oportunidad para cambiar del régimen de ahorro individual (fondos privados) a Colpensiones, especialmente aquellos que se encontraban a menos de 10 años de jubilarse. Andrés Mauricio Velasco, presidente de Asofondos, detalló que el monto se compone por $20 billones correspondientes a 100.000 personas que ya se trasladaron pero aún no se han pensionado, y $5 billones pertenecientes a cerca de 20.000 personas que ya están recibiendo su pensión.
Inicialmente, la suspensión cautelar del Consejo de Estado abarca los $20 billones correspondientes a quienes aún no se han pensionado. Sin embargo, Asofondos ha solicitado que la medida se extienda también a los $5 billones restantes, argumentando que su traslado también sería ilegal y perjudicial para el sistema pensional. Hacemos un llamado respetuoso al Consejo de Estado y a la Corte a que complementen esta medida cautelar y suspendan adicionalmente los otros $5 billones, porque mal haríamos en trasladarlos, no solamente porque es completamente ilegal, sino porque contraviene el resto de la reglamentación y afecta el sueño de millones de colombianos de poderse pensionar en el futuro , reiteró Velasco.
Expertos en sistemas pensionales han acogido favorablemente la decisión del Consejo de Estado. Kevin Hartmann, abogado especialista en la materia, la calificó como buena y oportuna , destacando que el Consejo de Estado no solo identificó una violación a la ley aprobada en 2024, sino también a la regulación que el mismo Gobierno expidió ese año. Andrés Pardo, estratega macro para Latinoamérica de XP Investments, enfatizó que el decreto desconoció una regla especial que el propio Gobierno impulsó, aclarando que la Ley 100 no es aplicable en este caso debido a que no contempla la ventana de oportunidad.
La controversia ha generado reacciones en el ámbito político. El exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, calificó el decreto como una clara violación de la ley y elogió la actuación del Consejo de Estado y la Corte Constitucional como los dos baluartes que quedan contra los permanentes atropellos del Gobierno al Estado de derecho .
Asofondos también ha advertido que diversas entidades, como la Contraloría, la Procuraduría, el Banco de la República, Fedesarrollo y ANIF, habían alertado previamente al Gobierno sobre la ilegalidad e inconveniencia del decreto. Velasco insistió en que el decreto contradecía el diseño del sistema pensional, argumentando que los recursos deben ser destinados al ahorro y a la generación de rendimientos, no al gasto a corto plazo.
Velasco rechazó las acusaciones de que los fondos privados defienden sus intereses económicos, afirmando que no cobran comisión sobre los saldos, sino sobre las cotizaciones iniciales. No estamos dando esta pelea porque nos convenga financieramente. Es porque hay que proteger el ahorro pensional , afirmó. Además, advirtió sobre la insostenibilidad de un sistema de reparto puro, dada la demografía colombiana, donde cada vez menos trabajadores en edad laboral deben sostener a un número creciente de pensionados. La única forma de tener un sistema pensional sostenible es crearlo alrededor del ahorro , insistió.
Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, calificó la medida cautelar como inaceptable y argumentó que la decisión favorece al capital financiero en detrimento de los derechos del pueblo trabajador . El Gobierno sostiene que la suspensión frena el traslado de los ahorros de los 120.000 trabajadores que optaron por el Régimen de Prima Media.
Mientras se estudia a fondo la legalidad del decreto, los recursos de quienes han solicitado el traslado de régimen, pero aún no se han pensionado, permanecerán en sus fondos privados bajo la administración actual. Esta medida provisional busca evitar un traslado patrimonial masivo y anticipado sin una base legal sólida. La decisión del Consejo de Estado representa un revés para el Gobierno Petro en su intento por modificar el sistema pensional y ha reabierto el debate sobre la sostenibilidad y la equidad del sistema de pensiones en Colombia.
