Santiago de Chile La Cuarta Sala del tribunal de alzada chileno ha determinado que el Estado deberá pagar 120 millones de pesos (equivalentes a 122 mil 500 dólares estadounidenses) a una víctima de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet. El fallo, publicado hoy en la página del Poder Judicial, corresponde a una demanda por daño moral interpuesta por un hombre que, siendo menor de edad, fue detenido y torturado por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en abril de 1976.
La DINA, la policía secreta del régimen militar, arrestó al niño junto a sus abuelos paternos, quienes permanecen desaparecidos hasta la fecha. Durante tres días, la víctima fue sometida a torturas físicas y psicológicas, antes de ser liberado junto a sus primos. El tribunal consideró que este hecho provocó un quiebre irreparable en su vida familiar, dejándolo en una situación de desamparo especialmente grave dada su corta edad.
El fallo judicial detalla que la experiencia traumática de la detención, la tortura y la pérdida de sus abuelos generó un impacto profundo y duradero en la vida de la víctima, impidiéndole desarrollar relaciones familiares estables y afectando su bienestar emocional y psicológico. La corte enfatizó la vulnerabilidad del niño en el momento de los hechos y la responsabilidad del Estado en proteger sus derechos fundamentales.
Este caso se inscribe en un contexto más amplio de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura chilena (1973-1990). Según datos revelados en 2023 por la Defensoría de la Niñez, a través de su Observatorio de Derechos, al menos 956 niños y adolescentes sufrieron prisión política y torturas durante el período mencionado. La Defensoría también informó que 150 niños y adolescentes fueron asesinados y 40 permanecen desaparecidos.
La publicación de estos datos coincidió con el 50 aniversario del golpe de Estado contra el gobierno de la Unidad Popular, liderado por Salvador Allende. El aniversario sirvió para recordar las graves consecuencias del régimen militar para la sociedad chilena, especialmente para los más vulnerables.
El fallo de la Cuarta Sala del tribunal de alzada representa un paso importante en la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas de la dictadura. Si bien la indemnización económica no puede compensar el daño sufrido, se espera que contribuya a aliviar el sufrimiento de la víctima y a reconocer la responsabilidad del Estado en las violaciones cometidas.
La decisión judicial también envía un mensaje claro a las futuras generaciones sobre la importancia de defender los derechos humanos y de prevenir la repetición de hechos similares. La memoria de las víctimas y la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación son elementos fundamentales para la construcción de una sociedad más justa y democrática.
El caso de esta víctima infantil es un recordatorio doloroso de las consecuencias devastadoras de la represión política y la importancia de proteger a los niños y adolescentes en situaciones de conflicto y violencia. La lucha por la justicia y la reparación continúa, y es fundamental que el Estado chileno siga avanzando en la investigación y el procesamiento de los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
La indemnización de 120 millones de pesos representa un reconocimiento formal del daño causado a la víctima y un paso hacia la sanación y la reconciliación nacional. Sin embargo, la búsqueda de la verdad y la justicia debe continuar hasta que todas las víctimas de la dictadura hayan recibido una reparación adecuada y se hayan identificado y juzgado a todos los responsables de los crímenes cometidos.
