Senadores esperan a María Eugenia Campos y al fiscal de Chihuahua este martes para esclarecer la presunta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en operativos antinarco en territorio nacional. La gobernadora confirmó su asistencia telefónicamente al presidente de la Jucopo, Ignacio Mier Velazco, según el senador Oscar Cantón Zetina, aunque el gobierno estatal aún valora su participación.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Cantón Zetina aseguró que la gobernadora Campos se comunicó directamente con Mier Velazco para confirmar su presencia en la reunión con las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública. Sí vienen la gobernadora y el fiscal, ya confirmaron por vía telefónica, no por escrito, como que hicimos la invitación, pero, bueno, no sería relevante, ¿no?, porque directamente confirmaron y, entonces, estamos ya en espera de mañana tener esa reunión de trabajo , señaló el senador.
Sin embargo, José Luis Martínez, vocero del gobierno de Chihuahua, contradijo la versión de Cantón Zetina, negando que exista una confirmación formal de la asistencia de la gobernadora. Esta discrepancia genera incertidumbre sobre el desarrollo de la reunión y la información que se presentará ante los senadores.
Cantón Zetina anticipó que la reunión será crucial para esclarecer la verdad de los hechos y determinar el alcance de la actuación de los agentes estadounidenses en los operativos o actividades desarrolladas por el gobierno de Chihuahua, presuntamente sin el conocimiento de las autoridades federales. El senador advirtió que la participación de agentes extranjeros en operativos en México podría constituir una violación grave a la Constitución, a la Ley de Seguridad Pública y al Código Penal Federal.
Las posibles consecuencias de esta presunta injerencia extranjera son severas, según el legislador morenista. No descartó la posibilidad de que se inicie un juicio político contra la gobernadora y el fiscal, e incluso se les finquen cargos penales, dependiendo de la información que proporcionen durante la reunión. A partir de la información y de su versión, entonces, se tendrá que ver cuáles serían las consecuencias , precisó Cantón Zetina.
La Fiscalía General de la República (FGR) ya inició carpetas de investigación para determinar si se configuraron delitos o faltas administrativas a raíz de la presunta participación de agentes de la CIA. La FGR busca establecer la legalidad de las acciones realizadas y determinar si hubo alguna irregularidad que amerite sanciones.
Cantón Zetina no descartó que el Senado, tras analizar la información presentada por la gobernadora y el fiscal, considere la posibilidad de solicitar a la Cámara de Diputados la apertura de un juicio político en contra de ambos funcionarios. Sin embargo, enfatizó que esta decisión dependerá de la claridad y veracidad de la información que se proporcione.
La controversia surge en un contexto de creciente preocupación por la seguridad nacional y la soberanía del país. La presunta injerencia de agentes extranjeros en operativos policiales y de inteligencia plantea interrogantes sobre la autonomía de las instituciones mexicanas y el respeto a la legislación vigente.
La reunión del martes se espera que arroje luz sobre las circunstancias en las que operaron los agentes estadounidenses, su relación con las autoridades chihuahuenses y el impacto de sus acciones en la lucha contra el narcotráfico. Los senadores buscarán obtener respuestas claras y precisas para determinar si se violaron las leyes mexicanas y si es necesario tomar medidas para proteger la soberanía nacional.
El gobierno de Chihuahua, por su parte, ha mantenido una postura cautelosa, limitándose a informar que aún valora la participación de la gobernadora en la reunión. Esta actitud sugiere que existe cierta preocupación por las posibles implicaciones de la investigación y las consecuencias que podrían derivarse de la revelación de información sensible.
La situación ha generado un debate público sobre la necesidad de fortalecer la coordinación entre las autoridades mexicanas y extranjeras en materia de seguridad, así como la importancia de establecer límites claros para evitar injerencias que pongan en riesgo la soberanía nacional.
La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de este caso, ya que podría tener implicaciones en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. La transparencia y la cooperación serán fundamentales para resolver esta controversia y evitar tensiones diplomáticas.
La reunión del martes representa una oportunidad para esclarecer los hechos y fortalecer el estado de derecho en México. Los senadores tienen la responsabilidad de investigar a fondo las acusaciones y tomar las medidas necesarias para proteger los intereses nacionales y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
