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La presidenta electa, Laura Fernández Delgado, enfatizó que la resolución del caso disciplinario contra el jefe de fracción de Nueva República, Fabricio Alvarado, debe fundamentarse en las pruebas recopiladas, el análisis realizado por la comisión legislativa correspondiente y el cumplimiento de las normas vigentes. Fernández realizó estas declaraciones durante una visita a la Asamblea Legislativa, tras reunirse con la jefatura y subjefatura de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), en un contexto marcado por la suspensión de una sesión plenaria debido a la falta de quórum.
Sí, tengo la posición de que tienen que hacer lo correcto según la investigación propia del caso, lo que hayan podido analizar en el seno de la comisión, según las normas y las regulaciones , declaró la mandataria electa. Su postura busca asegurar un proceso justo y transparente en la evaluación de las acusaciones contra Alvarado.
Ante preguntas sobre el papel de la fracción oficialista, que no estuvo presente en la sesión donde se debían discutir los informes relacionados con el caso, Fernández aclaró que no ha mantenido conversaciones recientes sobre este tema específico. Reafirmó que la decisión final debe ser el resultado de un análisis exhaustivo del expediente y las evidencias presentadas.
Sobre ese tema en particular yo no he tenido mayores conversaciones y, como le digo, la decisión que tome la fracción es a partir de los análisis que hayan hecho de la prueba, los documentos y demás , precisó Fernández, subrayando la importancia de la independencia y la objetividad en el proceso legislativo.
La sesión plenaria del lunes fue suspendida debido a la ausencia de 23 diputados, impidiendo alcanzar el quórum reglamentario de 38 legisladores necesarios para llevar a cabo la votación de los informes de investigación sobre la denuncia por presunto acoso sexual contra Fabricio Alvarado. Tanto la fracción oficialista como la de Nueva República optaron por no asistir al salón parlamentario, lo que generó críticas y controversia. El presidente legislativo, Rodrigo Arias, se vio obligado a cerrar las puertas del salón a las 3 p. m. al constatar la presencia de solo 34 diputados.
La situación ha generado un debate sobre la responsabilidad de los legisladores y la importancia de abordar las denuncias de acoso sexual de manera seria y oportuna. Diversas diputadas han criticado al oficialismo por lo que consideran una estrategia planeada para impedir la sesión, mientras que la jefa del oficialismo ha rechazado tales acusaciones.
Durante la campaña electoral, Fernández hizo pública una denuncia contra Alvarado, relatando hechos que, según su testimonio, ocurrieron durante el periodo en que ambos trabajaron juntos en la Asamblea Legislativa. En un debate organizado por Grupo Columbia el 26 de enero, inicialmente evitó dar detalles, pero posteriormente reveló haber sido víctima de acoso.
Nunca voy a olvidar cuando me arrinconó en una oficina con la falsa promesa, vean qué delicado, de regalarme una Biblia , declaró en aquel momento, describiendo una situación que considera inapropiada y perturbadora.
Alvarado rechazó categóricamente las acusaciones, calificándolas como una vulgaridad y defendiendo su integridad. Sin embargo, la denuncia de Fernández añadió un componente personal y político al caso, intensificando el escrutinio público sobre el comportamiento del jefe de fracción de Nueva República.
A pesar de este antecedente personal, la posición actual de Fernández se centra en la necesidad de que el proceso legislativo se desarrolle de manera imparcial y basada en pruebas sólidas. Su llamado a la objetividad y al cumplimiento de las normas busca garantizar que la decisión final sea justa y transparente, independientemente de sus propias experiencias o sentimientos.
La Asamblea Legislativa cuenta con un presupuesto de más de 10 millones destinados a la investigación y el análisis de este tipo de casos, lo que demuestra la importancia que se le otorga a la resolución de denuncias por acoso sexual y otras faltas disciplinarias. Sin embargo, la falta de quórum y las acusaciones de estrategia política han puesto en duda la eficacia y la voluntad de los legisladores para abordar este tema de manera efectiva.
La controversia en torno al caso Alvarado ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y sanción del acoso sexual en la Asamblea Legislativa, así como de promover una cultura de respeto y tolerancia entre los legisladores y el personal que trabaja en la institución. La decisión final sobre el caso, que deberá basarse en las pruebas y el análisis formal del expediente, tendrá un impacto significativo en la imagen y la credibilidad de la Asamblea Legislativa y en la lucha contra el acoso sexual en Costa Rica.
