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Guayaquil, 27 de abril de 2026.- La Comisión de Mesa del Municipio de Guayaquil dio un paso crucial este lunes en el proceso de remoción contra el alcalde Aquiles Álvarez, quien actualmente se encuentra detenido en la Cárcel del Encuentro. De las tres denuncias presentadas, la Comisión admitió a trámite la interpuesta por el ciudadano Hugo Córdoba Hidalgo, argumentando una ausencia injustificada del cargo por parte del burgomaestre.
La decisión de la Comisión de Mesa, tomada este lunes por la tarde, abre la puerta a una etapa de citación y pruebas que podría culminar en la remoción definitiva de Álvarez de su cargo. La alcaldía subrogante continúa en manos de Tatiana Coronel, quien busca garantizar la continuidad administrativa de la ciudad en medio de la incertidumbre política y jurídica.
El concejal Arturo Escala, miembro de la Comisión, enfatizó que cada denuncia fue analizada de forma independiente, evaluando si cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 336 del Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad). La admisión de la denuncia de Córdoba Hidalgo se basa en la alegación de que Álvarez no ha justificado su ausencia del cargo desde el 26 de marzo de 2026, fecha en que finalizó su licencia ampliada.
El denunciante solicita la aplicación del artículo 333 del Cootad, específicamente el literal B, que considera como causal de remoción la ausencia injustificada del cargo por más de tres días hábiles sin haberlo delegado legalmente. Esta causal ha sido el punto central del debate y la razón principal por la que la Comisión de Mesa decidió admitir la denuncia.
La aceptación de la denuncia ha activado de inmediato el proceso de citación para garantizar el derecho a la defensa de Álvarez. Para llevar a cabo este procedimiento, se ha coordinado con el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI) el traslado de un secretario municipal al centro de privación de libertad donde se encuentra Álvarez, para notificarlo formalmente de la acusación.
Una vez notificado, se abrirá un periodo probatorio de diez días, durante el cual tanto la defensa de Álvarez como los denunciantes podrán presentar pruebas, testimonios y documentos que respalden sus argumentos. Este plazo podría extenderse si se requiere información adicional de otras instituciones.
Desde su encierro, Aquiles Álvarez ha mantenido una postura firme, negando las acusaciones y afirmando su inocencia. En sus recientes declaraciones judiciales, ha insistido en que no tiene intención de abandonar el país y que su compromiso con Guayaquil es inquebrantable. No voy a huir, ser alcalde de Guayaquil es un honor , declaró Álvarez, destacando sus lazos familiares y laborales con la ciudad.
El futuro del alcalde Álvarez pende ahora de un hilo. Si la Comisión de Mesa admite las otras dos denuncias, el informe final será debatido por el Concejo Cantonal, que tendrá la última palabra sobre su posible remoción. En caso contrario, el proceso administrativo podría concluir hoy mismo, dejando a Álvarez en el cargo a pesar de su situación legal.
La decisión de la Comisión de Mesa ha generado una gran expectativa en Guayaquil, donde la ciudadanía observa con atención el desarrollo de este proceso que podría tener un impacto significativo en la gobernabilidad de la ciudad. La incertidumbre política se suma a los desafíos económicos y sociales que enfrenta Guayaquil, lo que hace aún más crucial una resolución rápida y transparente de esta situación.
La alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, ha reiterado su compromiso de mantener la estabilidad administrativa y garantizar la prestación de servicios básicos a la población. Sin embargo, la sombra de la crisis política se cierne sobre la ciudad, y la posibilidad de una remoción del alcalde Álvarez podría desencadenar nuevas tensiones y conflictos.
El caso de Aquiles Álvarez ha puesto de manifiesto la complejidad del sistema político ecuatoriano y la importancia de garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos de todos los ciudadanos. La transparencia y la imparcialidad serán fundamentales para asegurar que la decisión final sea justa y legítima, y que contribuya a fortalecer la democracia en Guayaquil y en todo el país.
La atención ahora se centra en el desarrollo del periodo probatorio y en la presentación de pruebas por parte de la defensa y la acusación. El Concejo Cantonal, por su parte, se prepara para un posible debate que podría marcar un antes y un después en la historia política de Guayaquil. La ciudad espera con ansias una resolución que ponga fin a la incertidumbre y permita retomar el camino del desarrollo y el progreso.
