Bolivia continúa subsidiando diésel y gasolina a pesar del levantamiento parcial de la subvención implementado en diciembre de 2025. La situación se deriva de la política de mantener precios fijos para los hidrocarburos, mientras que en el mercado internacional los costos fluctúan al alza, actualmente superando los 107 dólares por barril de crudo WTI o Brent, e incluso alcanzando los 110 o 120 dólares debido a las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. El Presupuesto reformulado para 2026, sin embargo, se basa en una estimación de 64 dólares por barril, lo que evidencia una brecha significativa y una realidad económica incómoda.
La narrativa de que el ajuste parcial de la subvención liberaría recursos adicionales resulta insostenible ante un análisis objetivo. La persistencia de precios fijos en Bolivia, a diferencia de la mayoría de los países, incluidos los vecinos, que indexan sus precios al mercado internacional, es la principal causa de este desequilibrio. Esta política de precios congelados se originó en 2004 y 2005 durante el gobierno de Carlos Mesa, y se consolidó en 2006 con Evo Morales, quien asumió el control de la comercialización y fijó precios internos por debajo de los internacionales, financiando la diferencia con el Tesoro General de la Nación.
Esta subvención, inicialmente sostenible gracias a los altos ingresos generados por el auge del gas, ha perdido viabilidad con el tiempo. Incluso en 2010, el propio Evo Morales intentó eliminarla con un incremento significativo en los precios, conocido como el “gasolinazo”, pero la medida fue revertida debido a la fuerte presión social.
El actual gobierno de Rodrigo Paz, según el análisis, cometió un error al no comunicar de manera transparente la naturaleza parcial del ajuste, presentándolo como un retiro total de la subvención. Esta falta de claridad ha generado confusión y ha dificultado la comprensión de la situación real. El problema, por lo tanto, no es solo económico, sino también comunicacional: se requiere una estrategia clara para explicar la esencia de la problemática.
La situación se complica aún más por la calidad del combustible que se comercializa en Bolivia. La venta de gasolina de baja calidad, denominada “gasolina basura”, ha evitado el contrabando hacia países vecinos, pero plantea serios problemas ambientales y de eficiencia. El gobierno debe abordar este tema con urgencia, más allá de ofrecer justificaciones.
A la crisis de los combustibles se suma la escasez de dólares, un problema estructural que está estrechamente relacionado con la situación actual. Ignorar esta conexión solo prolongará la crisis. La falta de transparencia en la gestión económica alimenta la desinformación y genera un vacío que puede ser aprovechado por actores políticos que buscan desestabilizar el gobierno, que lleva apenas seis meses en funciones.
La solución no es sencilla, pero pasa por la honestidad y la transparencia. Es probable que sea necesario avanzar hacia un sistema de precios indexados al mercado internacional, como ocurre en la mayoría de los países. Esta medida, aunque difícil para el bolsillo de los bolivianos, podría ser la única forma de corregir una distorsión estructural que ha afectado la economía del país durante años.
El análisis enfatiza que la falta de una visión clara de país agrava la situación. La política de precios fijos, heredada de gobiernos anteriores, ha demostrado ser insostenible en el largo plazo. La necesidad de una estrategia comunicacional efectiva es crucial para explicar la situación a la población y evitar la manipulación por parte de intereses políticos.
La escasez de combustibles ya se manifiesta en largas filas para obtener diésel, lo que genera malestar social y alimenta la incertidumbre económica. Este escenario delicado puede ser fácilmente manipulado por quienes buscan volver o tomar el poder, aprovechando el reciente cambio de gobierno.
En definitiva, la situación de los combustibles en Bolivia es un reflejo de problemas estructurales más profundos, que requieren soluciones integrales y transparentes. La falta de una estrategia clara y la persistencia de políticas obsoletas amenazan la estabilidad económica y social del país. La verdad, aunque dura, es el primer paso para encontrar una solución sostenible.
