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El 17 Juzgado Civil de Santiago ordenó la liquidación forzosa de Inmobiliaria y Constructora Francisco de Riveros SpA, perteneciente al empresario Sergio Santander, tras el rechazo de su plan de reorganización por parte de sus acreedores. La decisión judicial pone en riesgo el desarrollo de un proyecto de viviendas y equipamiento ubicado en Francisco de Riveros N 4550, en la comuna de Vitacura.
La inmobiliaria, que actualmente registra un avance del 85% en la construcción, contaba con un financiamiento de Banco Consorcio, la ejecución técnica a cargo de Constructora Copahue SpA y la gestión estratégica de Inversiones y Asesorías JPF Tres SpA. El proyecto, que abarca una superficie edificada de 8.794,43 metros cuadrados distribuidos en cinco pisos más un nivel retirado, se estimaba que estaría terminado en un plazo de 12 meses tras la reanudación de las obras, con un costo total proyectado de UF 155.159,08.
El plan de reorganización presentado por la empresa, con asesoría legal de Castañeda y Pino Abogados, buscaba finalizar la construcción del 15% restante del proyecto y obtener los permisos necesarios para pagar la totalidad de las deudas. Para ello, se requería un financiamiento de 155 mil UF, con un compromiso de aporte de 35 mil UF por parte de los accionistas de la inmobiliaria. La propuesta incluía la reducción del plazo de ejecución a doce meses y la entrega de un mandato mercantil irrevocable a la interventoría para la administración y gestión de recursos.
Sin embargo, la propuesta fue rechazada en la junta de acreedores celebrada el pasado viernes, donde ocho acreedores, que concentran el 100% de la deuda con derecho a voto (equivalente a $22.175 millones), votaron en contra. Banco Consorcio, el principal acreedor con un 73% del pasivo, fue determinante en el rechazo y denegó la posibilidad de presentar una nueva propuesta.
Ante este escenario, la jueza Rocío Pérez Gamboa dictaminó la liquidación de Inmobiliaria y Constructora Francisco de Riveros, ordenando la incautación de los bienes y documentos de la sociedad a través de un liquidador designado por el tribunal. La resolución también prohíbe a terceros realizar pagos o entregar mercaderías a la empresa.
Los acreedores disponen de un plazo de treinta días, a partir de la publicación del fallo, para presentar la documentación que respalde sus créditos.
La propuesta de reorganización contemplaba la venta del proyecto inmobiliario, liderada por la interventora Daniela Camus, estableciendo condiciones específicas para la enajenación de las unidades. Las viviendas sin promesa de compraventa se venderían a un precio de lista determinado, sujeto a acuerdo entre la empresa y Banco Consorcio. Los fondos obtenidos por las ventas y promesas se destinarían prioritariamente a saldar la deuda con el banco hipotecario, descontando previamente los costos de comisiones, marketing y honorarios de la intervención. La administración financiera quedaría bajo la responsabilidad de la interventora concursal.
No obstante, la interventora Camus señaló que la empresa deudora no presentó un flujo de caja mensual que sustentara la viabilidad de la propuesta. La falta de proyecciones de ingresos y costos dificulta la evaluación de la capacidad del proyecto para completar la construcción y posterior explotación inmobiliaria, necesarias para cumplir con las obligaciones financieras reorganizadas.
La situación plantea interrogantes sobre el futuro del proyecto en Vitacura y el destino de las inversiones realizadas hasta el momento. La liquidación forzosa implica la venta de los activos de la empresa para pagar a los acreedores, lo que podría resultar en la interrupción de las obras y la pérdida de las inversiones de los compradores potenciales.
El caso de Inmobiliaria y Constructora Francisco de Riveros SpA pone de manifiesto las dificultades que enfrentan las empresas del sector inmobiliario en un contexto económico desafiante, marcado por la alta inflación, el aumento de las tasas de interés y la incertidumbre en el mercado. La falta de acuerdo entre la empresa y sus acreedores, en particular el principal financiador, Banco Consorcio, selló el destino de la compañía y pone en riesgo un proyecto que podría haber contribuido al desarrollo de la comuna de Vitacura. La resolución judicial abre un nuevo capítulo en la historia de la empresa y plantea desafíos para la liquidación de sus activos y el pago de sus deudas.
