El Presidente José Antonio Kast descartó categóricamente el uso de las Fuerzas Armadas para el control del orden público, en medio de crecientes presiones por parte de sectores de la oposición que demandan la presentación del Plan Nacional de Seguridad prometido durante su campaña electoral. La decisión, anunciada durante una gira presidencial por Concepción, se fundamenta en la advertencia de que el despliegue de conscriptos en tareas policiales podría acarrear consecuencias trágicas y la falta de claridad en las responsabilidades en caso de incidentes.
Kast enfatizó que la urgencia de abordar la delincuencia no justifica decisiones apresuradas que podrían resultar contraproducentes. Si actuamos imprudentemente, el resultado puede ser peor , declaró el jefe de Estado, delineando una clara distinción entre el rol de las Fuerzas Armadas, enfocadas en la defensa de la soberanía nacional, y el de las policías, responsables del orden público. Reconoció la presencia de fuerzas especiales colaborando en seguridad ciudadana en las macrozonas sur y norte, pero especificó que esta colaboración se limita a circunstancias específicas y delimitadas.
Para respaldar su postura, el Presidente recurrió a un caso concreto: la condena a prisión de un joven conscripto por haber cargado incorrectamente su fusil con munición real. ¿Qué le digo yo a un soldado conscripto que entró al servicio militar voluntario, y que ahora le voy a decir, con este fusil vaya a resguardar el orden público? ¿Quién después responde? , cuestionó Kast, planteando interrogantes sobre la responsabilidad legal y moral de enviar a jóvenes reclutas a enfrentar situaciones de alta tensión en las calles.
En lugar de recurrir a la militarización, Kast propuso fortalecer a las instituciones policiales existentes, específicamente a Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI), a través de una mayor inversión en equipamiento y una mejora en las remuneraciones de sus funcionarios. Asimismo, abogó por concentrar los esfuerzos en desmantelar las redes criminales que sustentan la delincuencia, tales como el robo de vehículos que son trasladados a través de las fronteras, el mercado ilegal del cobre robado y el control de los pasos fronterizos.
Ante las exigencias de resultados inmediatos, el Presidente solicitó tiempo y aseguró que en un plazo de seis meses se evidenciará un cambio significativo en la lucha contra la delincuencia. Yo estoy dispuesto a responder. Y puedo responder por la Fuerza Armada, por los carabineros, pero ¿quién le responde al soldado conscripto que va a terminar preso? , enfatizó Kast, reiterando su preocupación por las posibles consecuencias negativas de una política de seguridad basada en el despliegue militar.
La decisión del Presidente Kast se enmarca en un contexto de debate sobre la reconstrucción nacional , una iniciativa que el mandatario ha presentado como una refundación de Chile. Sin embargo, persisten interrogantes sobre si esta refundación implica una transformación profunda del país o un retorno a modelos del pasado, evocando la figura de una capitanía general.
La postura del Presidente se produce en un momento de creciente preocupación por la seguridad ciudadana y de descontento con la gestión gubernamental. Una reciente encuesta Plaza Pública Cadem reveló una caída de 9 puntos en la aprobación del Presidente Kast durante el mes de abril, situándola en 42%. Dentro del gabinete, la ministra Mara Sedini es la figura con menor aprobación, con solo 24%, tras un desplome de 18 puntos en el mismo período.
Paralelamente, el ex primer ministro y actual favorito en las encuestas se ha unido a un líder opositor para formar una nueva fuerza política de centro-derecha, en un contexto de insatisfacción generalizada con el actual gobierno, evidenciada en una encuesta que indica que dos tercios de los israelíes están descontentos con la gestión del primer ministro.
En otro ámbito, el presidente de la Cámara de Diputados defendió la necesidad de revisar la eficiencia del gasto público, aunque admitió errores en la forma y el momento en que la Dirección Presupuestaria (Dipres) envió los lineamientos a los ministerios.
Por su parte, el presidente de la colectividad, Álvaro Ortiz, subrayó la importancia de fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad pública, respaldando la postura del Presidente Kast de priorizar la inversión en Carabineros y la PDI.
La bancada del Partido Republicano ha decidido esperar la presentación de un informe por parte de la Contraloría y las explicaciones del ex secretario de Estado en la Comisión de Vivienda el próximo 6 de mayo antes de tomar una decisión sobre posibles acciones políticas a seguir. La situación plantea un desafío para el gobierno, que deberá equilibrar las demandas de mayor seguridad con la necesidad de evitar medidas que puedan comprometer la estabilidad y los derechos de los ciudadanos.
