Felipe de Jesús Díaz Gómez, conductor, y Ricardo Mendoza Cerón, jefe de despachadores del Tren Interoceánico, fueron puestos en libertad esta tarde tras un acuerdo de reparación del daño con las víctimas del descarrilamiento ocurrido el pasado 28 de diciembre en Oaxaca. La jueza de control Diana Isabel Ivens decretó el sobreseimiento de la causa penal en una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal en Cintalapa, Chiapas.
La Fiscalía General de la República (FGR) y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), dependiente de la Secretaría de Marina, aprobaron los acuerdos reparatorios alcanzados a través del mecanismo alternativo de solución de controversias en materia penal. Este acuerdo resultó en la extinción de la acción penal, una figura legal aplicable en delitos culposos de carácter patrimonial, sin violencia o que requieran querella.
La jueza Ivens avaló formalmente la reparación integral del daño a las víctimas del descarrilamiento, un incidente que lamentablemente cobró la vida de 14 personas. Con esta validación, se decretó el cierre definitivo de la causa penal número 7/2026, permitiendo la liberación de Díaz Gómez y Mendoza Cerón, quienes se encontraban recluidos desde enero en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 14, conocido como El Amate .
Durante la audiencia, los trabajadores fueron absueltos de los cargos de homicidio y lesiones culposas. La FGR había anunciado previamente, el 8 de abril, que la empresa ferroviaria había otorgado el perdón en su carácter de parte ofendida en relación con el delito de daño en bienes. Además, se descartó el delito de ataques a las vías generales de comunicación, tras dictámenes periciales que confirmaron que la vía, durmientes, fijaciones y balasto cumplían con la normativa vigente en el punto del siniestro.
La Fiscalía también descartó la comisión de delitos relacionados con el uso ilícito de atribuciones y el ejercicio indebido del servicio público, basándose en la información proporcionada por la empresa ferroviaria y el análisis de seis inspecciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Estas auditorías y análisis de expedientes de investigación no revelaron irregularidades penales en los 41 contratos públicos relacionados con la vía, la adquisición de material rodante y el mantenimiento del tren.
El gobierno federal, a través de un comunicado, informó que el proceso de reparación integral a las familias de las víctimas ha concluido exitosamente. El 100 por ciento de las personas que iniciaron el proceso de reparación integral han sido atendidas , se indicó. Un total de 145 personas, incluyendo 31 niñas, niños y adolescentes, han recibido la reparación integral del daño, lo que condujo a la extinción de la acción penal.
Si bien los montos específicos de las compensaciones no fueron revelados públicamente, a solicitud de las víctimas y por razones de protección, el gobierno federal aseguró que las compensaciones cumplen con los estándares nacionales e internacionales en materia de reparación integral, garantizando proporcionalidad, suficiencia y dignidad en cada caso.
La FGR enfatizó que llevó a cabo una investigación exhaustiva, priorizando en todo momento la protección de las víctimas y cumpliendo con sus funciones constitucionales y legales. La investigación incluyó diligencias ministeriales de topografía y seguridad industrial que corroboraron que la calidad de los elementos de la vía y las condiciones de las locomotoras y vagones se ajustaban a la normativa aplicable.
El incidente del descarrilamiento del Tren Interoceánico generó una profunda conmoción a nivel nacional y puso en el centro del debate la seguridad y la infraestructura ferroviaria en México. La rápida respuesta de las autoridades y la implementación de un proceso de reparación integral del daño a las víctimas, así como la investigación exhaustiva para determinar las causas del accidente, fueron elementos clave para alcanzar este resultado.
La liberación de Díaz Gómez y Mendoza Cerón marca el cierre de un capítulo en este caso, aunque la memoria de las víctimas y la necesidad de garantizar la seguridad en el transporte ferroviario seguirán siendo una prioridad para las autoridades y la sociedad en general. El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un proyecto estratégico para el desarrollo económico del sureste de México, deberá seguir avanzando con los más altos estándares de seguridad y calidad para evitar que tragedias como esta se repitan en el futuro.
