Un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) ha sido acusado de agresión en tercer grado y daños criminales tras una investigación sobre su trato a una manifestante durante una protesta en Durango, Colorado, en octubre. La investigación se inició a raíz de las preocupaciones expresadas por el jefe del Departamento de Policía de Durango, Brice Current, sobre posibles violaciones de la ley estatal, un hecho inusual en este tipo de casos.
Varios videos grabados por transeúntes muestran al agente, identificado como Nicholas Rice, agarrando y arrastrando a Franci Stagi al otro lado de la calle durante la protesta, que se realizaba en contra de la detención de tres solicitantes de asilo colombianos. Stagi afirma que el agente la agarró del cabello y la sometió con una llave de estrangulamiento. Colorado se encuentra entre varios estados que han prohibido o severamente limitado el uso de llaves de estrangulamiento y sujeciones al cuello por parte de las fuerzas del orden desde la muerte de George Floyd en 2020.
La Oficina de Investigaciones de Colorado llevó a cabo la investigación sobre las acciones de Rice contra Stagi. Un portavoz de la CBP reconoció la solicitud de comentarios, pero no proporcionó una respuesta inmediata a las preguntas sobre los cargos. Los documentos judiciales no indican que Rice cuente con representación legal en este momento.
Stagi relató que estaba de pie cerca del agente y filmándolo afuera de la instalación de la CBP en Durango, una ciudad conocida por su ambiente universitario y actividades recreativas al aire libre, cuando él le golpeó la mano con fuerza, provocando que perdiera su teléfono celular. Después de que ella intentara llamar su atención tocándole el hombro, Stagi afirma que el agente la sometió con una llave de estrangulamiento y luego la arrojó por un terraplén junto a la calle. La manifestante aún experimenta dolor en el brazo al realizar actividades cotidianas, como ponerse una chaqueta.
Los documentos judiciales detallan que Rice es acusado de agresión en tercer grado por causar lesiones corporales a Stagi, aunque no especifican la naturaleza de las lesiones ni mencionan el uso de una llave de estrangulamiento. También se le imputa un cargo de daños criminales por presuntamente dañar el teléfono celular de Stagi.
Stagi expresó su decepción por los cargos presentados contra Rice, considerándolos menos graves de lo que esperaba. El cargo de agresión en tercer grado, un delito menor, conlleva una pena máxima de poco menos de un año de cárcel. Sin embargo, Stagi espera que el proceso judicial envíe un mensaje claro de que los agentes de inmigración no pueden recurrir a la fuerza excesiva ni agredir a las personas indiscriminadamente.
Me abrió los ojos a lo rápido que puedo estar bajo el control de otra persona, y es aterrador , declaró Stagi, cuyo nombre legal es Anne Francesca Stagi.
El caso plantea cuestiones importantes sobre las protecciones legales que tienen los agentes federales del orden cuando actúan en el desempeño de sus funciones. El Departamento de Justicia ha adoptado una postura firme en los últimos meses contra los esfuerzos estatales por arrestar o procesar a agentes federales. A finales del año pasado, el entonces vicesecretario de Justicia de EE. UU., Todd Blanche, argumentó que los arrestos de agentes federales que desempeñan sus funciones serían ilegales e inútiles , invocando la Cláusula de Supremacía de la Constitución y la ley federal. Sin embargo, los expertos legales señalan que estas protecciones no son absolutas y que la Cláusula de Supremacía no proporciona inmunidad general.
El uso de llaves de estrangulamiento ha sido objeto de un intenso debate público y de iniciativas legislativas estatales desde la muerte de Eric Garner en Nueva York en 2014, quien falleció después de ser sometido con una llave de estrangulamiento por un agente de policía blanco. Las últimas palabras de Garner, No puedo respirar , se convirtieron en un grito de protesta para el movimiento Black Lives Matter.
Si bien algunos estados han prohibido las llaves de estrangulamiento y otras tácticas similares, los intentos de implementar cambios significativos han enfrentado resistencia. En 2021, la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó un paquete federal de reformas que habría prohibido las llaves de estrangulamiento en todo el país, pero el proyecto de ley no logró ser aprobado por el Senado y no llegó al escritorio del entonces presidente Joe Biden.
En Colorado, los legisladores aprobaron una prohibición de las llaves de estrangulamiento en un mes después de la muerte de George Floyd, como parte de una legislación más amplia de reforma policial. Esta ley reemplazó restricciones más limitadas sobre las llaves de estrangulamiento que se habían implementado cuatro años antes. El caso de Rice y Stagi pone de relieve la continua tensión entre la necesidad de responsabilizar a los agentes del orden por el uso excesivo de la fuerza y las protecciones legales que se les otorgan en el desempeño de sus funciones. La comunidad de Durango y los defensores de los derechos civiles estarán atentos al desarrollo de este caso, que podría tener implicaciones significativas para las políticas y prácticas de las fuerzas del orden en Colorado y en todo el país.
