El Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 reformulado, presentado este miércoles, refleja un intento de corregir desequilibrios económicos heredados, priorizando un ajuste fiscal moderado sobre una expansión económica. El documento reconoce un desfase de 24.000 millones de bolivianos en el presupuesto anterior, evidenciando inconsistencias entre ingresos y gastos públicos. El nuevo presupuesto asciende a aproximadamente 390.000 millones de bolivianos, con recortes en gastos corrientes como viáticos y viajes, apuntando a una política de contención.
Desde una perspectiva fiscal, el objetivo de reducir el déficit a cerca del 9% del Producto Interno Bruto (PIB) se considera una señal de consolidación, aunque aún se mantiene en niveles elevados para estándares internacionales y para una economía con restricciones externas como la boliviana. La dependencia de la deuda, que llegó a representar hasta el 40% del presupuesto anterior, subraya la falta de ingresos genuinos como un problema estructural persistente. En resumen, el PGE reformulado corrige parcialmente el rumbo, pero no aborda el desequilibrio fiscal crónico de manera definitiva.
El análisis del PGE 2026 revela aspectos tanto positivos como negativos. Entre los puntos a favor, destaca el esfuerzo por el ajuste fiscal, con una reducción del déficit respecto al presupuesto original, lo que mejora la señal para acreedores y organismos internacionales. Se prioriza la inversión social, superando los 5.000 millones de bolivianos, y se mantienen los bonos sociales, protegiendo la demanda interna y a los sectores más vulnerables en un contexto recesivo. El recorte de gastos innecesarios introduce una señal de eficiencia en el gasto público, crucial en una economía con limitaciones de liquidez.
Sin embargo, persisten desafíos importantes. El déficit del 9,2% sigue siendo alto, lo que implica la necesidad de financiamiento a través de mayor deuda pública o emisión monetaria, con el riesgo de presionar la inflación y las reservas internacionales. La estructura rígida del gasto, con cerca del 64% destinado a gastos corrientes, limita el impacto productivo del presupuesto. La credibilidad de los supuestos macroeconómicos es también una preocupación, dado que el presupuesto anterior fue cuestionado por falta de sustento técnico y optimismo excesivo.
En cuanto a la factibilidad de las metas macroeconómicas, se considera que son parcialmente realistas, pero en conjunto optimistas. La inflación proyectada del 14,9% es coherente con una desaceleración desde el 20,4% en 2025 y está alineada con las expectativas del gobierno. No obstante, el crecimiento proyectado de -1,28% parece optimista, considerando que la economía ya cayó un 1,58% en 2025 y que organismos internacionales proyectan una caída cercana al -3%.
La consistencia interna de las metas es cuestionable: reducir el déficit, bajar la inflación y reactivar el crecimiento simultáneamente en un contexto de restricción externa (dólares, reservas, combustibles) es extremadamente difícil. La evidencia reciente indica que Bolivia enfrenta una crisis de divisas y subsidios que presiona las cuentas fiscales y externas. Por lo tanto, las metas son más aspiracionales que plenamente sostenibles, y su logro dependerá de un escenario externo favorable.
Un análisis comparativo entre el PGE 2026 y el PGE 2025 revela un contraste significativo. El PGE 2025 proyectaba un escenario optimista y expansivo (crecimiento de 3,51%, inflación de 7,5% y una inversión pública de 4.024 millones de dólares), mientras que el PGE 2026 reformulado reconoce una economía en fase de ajuste y contracción (decrecimiento de 1,28%, inflación de 14,94% y una inversión de 2.965 millones de dólares).
El presupuesto de 2025 se basó en supuestos que no se cumplieron (la economía cayó -1,58% y la inflación llegó a 20,4%), mientras que el de 2026 parte de una base más cercana a la realidad observada. Técnicamente, el PGE 2026 no es mejor en términos de resultados esperados, pero sí es más realista y sincero frente al deterioro macroeconómico interno y el contexto externo adverso. El mantenimiento del mismo déficit fiscal proyectado (-9,2%) en ambos años evidencia que el problema estructural persiste, pero al menos en 2026 se corrige el sesgo de sobreestimación del crecimiento y subestimación de la inflación.
El PGE 2026 no es suficiente para evitar una mayor recesión económica. Es un presupuesto de contención, no de reactivación. El ajuste fiscal ayuda a estabilizar, pero también puede profundizar la recesión en el corto plazo si no se acompaña de inversión privada, crédito externo y reformas estructurales. La economía boliviana enfrenta problemas estructurales como la caída de las exportaciones de gas, la baja inversión, la presión de los subsidios y la falta de divisas. Incluso análisis externos señalan la necesidad de cambios más profundos en el gasto público y en el modelo económico para evitar una contracción mayor.
Para la sostenibilidad del PGE 2026, se requieren medidas económicas clave. En primer lugar, una reforma fiscal estructural centrada en la reducción progresiva de subsidios (especialmente a combustibles) y una mejor focalización del gasto social. Esto permitiría reducir el déficit sin afectar desproporcionadamente a los sectores más vulnerables. En segundo lugar, el gobierno debe reconstruir el acceso a financiamiento externo en condiciones sostenibles, mediante acuerdos con organismos multilaterales y mejora de la credibilidad macroeconómica. En tercer lugar, se requiere una estrategia clara de reactivación productiva y generación de divisas, que incluya incentivos a exportaciones y atracción de inversión privada.
Finalmente, se identifican riesgos críticos para la factibilidad y sostenibilidad del PGE 2026. Entre ellos, el bloqueo político e institucional, la persistente escasez de divisas, la debilidad estructural de los ingresos fiscales y la falta de credibilidad en las proyecciones macroeconómicas. La conflictividad social y el contexto externo adverso también representan riesgos importantes.
En conclusión, el PGE 2026 reformulado representa un giro hacia un enfoque más realista y prudente frente a la compleja situación económica de Bolivia, corrigiendo el exceso de optimismo del presupuesto 2025, pero sin resolver los problemas estructurales de fondo. Si bien incorpora señales positivas, mantiene desequilibrios importantes y enfrenta riesgos significativos de incumplimiento. Para garantizar estabilidad y crecimiento sostenido, se requieren reformas más profundas y la recuperación de la confianza de inversionistas y acreedores.
