El médico Hamilton Edward Suaki, de 56 años, y el abogado Daniel Monteiro, se encuentran ahora en el centro de una investigación de la Policía Federal relacionada con un esquema financiero que involucra al Banco Master, propiedad de Daniel Vorcaro. Suaki, ortopedista registrado en el Cremesp, aparece como socio de empresas de prateleira (empresas fantasma) utilizadas para ocultar patrimonio y desviar recursos. Monteiro, a su vez, ya está preso y es señalado como el operador jurídico-financiero del esquema.
La investigación, que se desarrolla en el marco de la Operación Compliance Zero, revela que Suaki y Monteiro, unidos por un vínculo familiar Suaki es cuñado de Monteiro , desempeñaron roles clave en la estructura financiera utilizada para el desvío de fondos. Según la decisión del ministro André Mendon a, del Supremo Tribunal Federal (STF), las empresas en cuestión fueron creadas originalmente por proveedores conocidos de sociedades de prateleira, pero sufrieron alteraciones rápidas en su razón social, objeto, sede, dirección y capital social, pasando a funcionar como vehículos específicos para recibir recursos provenientes de fondos conectados a la REAG y para la posterior adquisición de inmuebles.
Hamilton Suaki, graduado en 1999 por la Universidade de Santo Amaro (Unisa), mantuvo un consultorio de ortopedia deportiva en la región de Água Branca, en S o Paulo. La defensa de Suaki no ha sido localizada y el médico no se ha manifestado hasta el momento.
Daniel Monteiro, por su parte, es considerado por la PF un hombre de confianza de Vorcaro y es señalado como el responsable de administrar los fondos y cuentas utilizados para el desvío de recursos y el pago de propinas. Los investigadores lo describen como el arquitecto jurídico del exbanquero y el enlace con otros abogados.
En el caso de Suaki, la investigación indica un papel más formal, pero igualmente relevante: aparece como director o socio de al menos 18 empresas señaladas como instrumentos de ocultación patrimonial. Entre ellas, seis son compañías de prateleira, abiertas con un capital social de R$ 500 y posteriormente infladas a valores que llegan a R$ 41 millones. Suaki es señalado como responsable de asumir formalmente las estructuras societarias utilizadas, según la PF, para dar apariencia regular a operaciones financieras sospechosas.
Estas empresas fueron registradas en una misma dirección en la Avenida Brigadeiro Faria Lima, en S o Paulo, y creadas en secuencia, entre julio y octubre de 2024. Registros de la Receita Federal (Hacienda Federal) indican que, en un corto período de tiempo, sufrieron alteraciones sucesivas en su razón social, objeto, sede y cuadro directivo, pasando a operar como vehículos para la recepción de recursos provenientes de fondos ligados a la Reag y para la adquisición de inmuebles de alto estándar.
Seis de estos inmuebles, según la Policía Federal, habrían sido ofrecidos como propina en un valor estimado de R$ 146,5 millones al ex presidente del BRB (Banco de Brasilia), Paulo Henrique Costa, también preso en la última fase de la operación. El abogado Cléber Lopes, uno de los representantes de Costa, declaró que consideraba la prisión de su cliente absolutamente innecesaria , manteniendo su convicción de que Paulo Henrique Costa no cometió ningún delito.
La padronización en los cadastros de las empresas también llamó la atención de los investigadores: parte de ellas comparten los mismos números de teléfono. Contactada, la recepción del edificio donde estarían registradas afirmó que ninguna de estas compañías funciona o ha funcionado en el lugar.
La Operación Compliance Zero continúa desentrañando la compleja red financiera que sustentaba las actividades ilícitas del Banco Master y de sus operadores. La participación de profesionales como Hamilton Suaki y Daniel Monteiro evidencia la sofisticación del esquema y la necesidad de una investigación exhaustiva para identificar a todos los involucrados y recuperar los recursos desviados. La investigación sigue en curso, con nuevas diligencias y testimonios que se esperan en las próximas semanas. La PF busca rastrear el flujo de dinero y determinar el alcance total del esquema, así como identificar a otros posibles beneficiarios de las operaciones ilícitas. El caso ha generado gran repercusión en el ámbito financiero y político, y se espera que tenga importantes consecuencias para los involucrados. La transparencia y la celeridad en la investigación son fundamentales para garantizar la justicia y la recuperación de los recursos públicos.
