El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, mantiene su confianza en su jefe de gabinete, Eduard Rivas, a pesar de que este está siendo investigado por malversación de caudales públicos. La investigación se centra en contratos del Ayuntamiento de Esparreguera durante el periodo en que Rivas fue alcalde. Fuentes del Govern han asegurado que Rivas continuará en su cargo y que se le brinda plena confianza .
La Presid ncia de la Generalitat emitió un comunicado en el que se indica que Rivas está el primer interesado en que se aclare la investigación y se ofrece total disposición a colaborar en todo lo que sea necesario . Posteriormente, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, declaró públicamente que no existe preocupación en la Generalitat, ya que confían en la inocencia de Rivas y están adoptando una actitud de acompañamiento en su proceso de defensa.
Paneque enfatizó que la investigación afecta a una etapa anterior de Rivas y solicitó a los partidos de la oposición que respeten la presunción de inocencia y valoren la máxima colaboración del jefe de gabinete de Illa. No obstante, la portavoz no pudo precisar cuándo Rivas comunicó al president su situación judicial, si le explicó los detalles de la causa o si ofreció su cargo.
Rivas fue alcalde de Esparreguera durante nueve años, hasta 2024, cuando Illa lo nombró jefe de gabinete tras la victoria del PSC en las elecciones autonómicas. Desde entonces, se ha convertido en uno de los asesores más cercanos al president. El exalcalde se ha personado en la causa, con abogado defensor, y figura como investigado.
La investigación se centra en supuestas irregularidades en la Fundación para la Inclusión Laboral (FIL), con sede en Esparreguera, que se dedica a proporcionar empleo a personas con discapacidad intelectual, en riesgo de exclusión o en situación de vulnerabilidad. Se investiga si parte del dinero procedente de contratos públicos se utilizó para financiar gastos privados de personas vinculadas a la organización social. El patronato de la FIL está compuesto por los alcaldes de Esparreguera, Olesa de Montserrat, Abrera, Sant Esteve de Sesrovires y Collbató.
El pasado 15 de enero, la policía retiró el teléfono móvil a Rivas en virtud de una orden judicial. El dispositivo aún no ha sido devuelto al exalcalde, lo que le ha obligado a solicitar un nuevo número. El teléfono móvil de Rivas y su contenido forman parte de una pieza separada de la investigación, junto con la documentación incautada en el Ayuntamiento de Esparreguera en enero. Por el momento, se desconoce la acusación específica contra el exalcalde.
La Generalitat insiste en la confianza que tiene en Rivas, a pesar de la investigación en curso. La postura del Govern es que se debe permitir que la justicia siga su curso y que Rivas tiene derecho a defenderse y demostrar su inocencia. La oposición, sin embargo, ha pedido explicaciones y ha reclamado medidas más contundentes, argumentando que la situación de Rivas compromete la integridad del Govern.
La investigación sobre la FIL y la posible malversación de fondos públicos ha generado un debate sobre la transparencia y la gestión de los recursos públicos en los ayuntamientos y fundaciones. Los partidos de la oposición han exigido una auditoría exhaustiva de las cuentas de la FIL y de los contratos públicos otorgados durante el mandato de Rivas como alcalde de Esparreguera.
El caso de Eduard Rivas plantea interrogantes sobre la responsabilidad de los altos cargos públicos y la necesidad de garantizar la ética y la integridad en la administración pública. La Generalitat se enfrenta al reto de mantener la confianza de la ciudadanía y demostrar que está comprometida con la lucha contra la corrupción y la defensa del interés general. La evolución de la investigación y las decisiones judiciales que se tomen en los próximos meses serán clave para determinar el futuro político de Eduard Rivas y el impacto del caso en la imagen del Govern de Salvador Illa.
