A ocho años de las masacres de abril de 2018 en Nicaragua, la demanda por justicia se ha convertido en un valor central en la cultura política del país, inseparable de la memoria y la esperanza, según un análisis publicado por CONFIDENCIAL. El texto, escrito por el politólogo y sociólogo nicarag ense Silvio Prado, residente en España, reflexiona sobre la importancia de recordar para construir la verdad judicial y evitar la repetición de los crímenes cometidos durante la dictadura.
Prado señala que, a diferencia de años anteriores, los mensajes conmemorativos de este abril se centran en tres ideas principales: memoria, justicia y esperanza, elementos que se refuerzan mutuamente. La memoria, define, es el antídoto contra el olvido y la manipulación de la verdad, tácticas empleadas por la dictadura para justificar la represión y negar las atrocidades cometidas. La narrativa oficial del régimen, que califica las protestas de abril como un intento de golpe de Estado orquestado por Estados Unidos y a las víctimas como traidores a la patria, es calificada como inútil y una forma de post verdad .
Sin memoria, advierte Prado, prevalecerían las infamias y la historia oficial de los dictadores se transmitiría a las futuras generaciones, asegurando la impunidad de los responsables. Es en este punto donde entra en juego la justicia, que, según el autor, debe ser el objetivo final de la memoria. Una memoria que no conduzca a la justicia se convierte en una ritualidad estéril , incapaz de prevenir la repetición de los crímenes.
La justicia, en este contexto, ha escalado a lo más alto de las reivindicaciones por la recuperación de la democracia en Nicaragua, convirtiéndose en un valor cardinal de la cultura política. Prado cita a un miembro del Colectivo Nicaragua Nunca Más, quien afirma que no puede haber transición a la democracia sin justicia, ni justicia sin memoria .
Sin embargo, la búsqueda de justicia no puede llevarse a cabo sin esperanza, que Prado define como la apuesta estratégica que alimenta la confianza en la recuperación del país. La esperanza es la brújula que guía los esfuerzos por preservar la memoria y procurar la justicia, y es lo que permite mantener la moral de lucha a pesar de las campañas de miedo y desinformación de la dictadura.
El autor destaca que, a pesar de los esfuerzos del régimen por infundir miedo y silenciar las voces críticas, la esperanza sigue gozando de buena salud, como lo demuestran las numerosas actividades conmemorativas realizadas en distintos países. No obstante, Prado advierte que algunas expresiones políticas de la oposición deben tomarse en serio los trabajos de memoria y justicia, y comprometerse con la esperanza, evitando caer en el pragmatismo y los pactos que históricamente han sacrificado la justicia en aras del poder.
En caso de que la oposición no se comprometa con estos principios, Prado sugiere que la sociedad civil, fortalecida por los años de represión, podría desempeñar un papel crucial para frustrar cualquier intento de trueque de impunidad por cuotas de poder. La multiplicación de organismos sociales dedicados a la defensa de los derechos humanos podría ser decisiva para garantizar que la dictadura sea juzgada por sus crímenes ante los tribunales nacionales o internacionales.
Prado enfatiza que, dada la inhumanidad demostrada por el régimen, no se puede confiar en la expiación de sus culpas en las esferas política, moral o metafísica, sino únicamente en la esfera penal. La única posibilidad cierta de que la esperanza sobreviva y que la memoria sirva para sentar a los culpables de las masacres de abril en los tribunales reside en la capacidad de la sociedad civil para reconstruirse a sí misma.
El texto concluye con una reflexión sobre la importancia de elegir el lado correcto de la historia: el de quienes recuerdan para juzgar, en lugar de quienes prefieren olvidar. Prado se inspira en la escritora argentina Claudia Piñeiro, quien afirma que algunos países no solo recuerdan el pasado, sino que también lo juzgan. La justicia, por lo tanto, se presenta como el camino indispensable para la transición a la democracia y la garantía de que los crímenes del pasado no se repitan.
El análisis de Prado subraya la necesidad de una memoria ética, que no se limite a conmemorar el dolor, sino que busque la verdad judicial y la rendición de cuentas de los responsables de las violaciones de los derechos humanos cometidas en Nicaragua. La esperanza, en este contexto, no es una mera ilusión, sino una apuesta estratégica por un futuro en el que la justicia y la democracia sean una realidad para todos los nicarag enses.
